CONDENAN A LA FISCALÍA Y LA RAMA JUDICIAL POR ENVIAR A LA CÁRCEL POR DOS AÑOS A UN CIUDADANO, POR CULPA DE UN HOMÓNIMO

La Fiscalía Tercera Seccional de Facatativá capturó en diciembre del año 2000 a varias personas sindicadas de tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas. En su declaración ante las autoridades sobre los participantes en los delitos, los detenidos mencionaron el nombre de Otoniel Giraldo López, lo cual dio lugar a su vinculación al proceso como persona ausente.

En la etapa de juicio, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá, mediante sentencia de 30 de enero de 2003, condenó al señor Giraldo López a 9 años de prisión, como responsable de los delitos mencionados. El acusado  fue capturado el 22 de noviembre de 2005 por agentes de la policía.

Giraldo López promovió acción de revisión de su sentencia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, a través de providencia del 21 de noviembre de 2007, ordenó su libertad provisional por considerar que no se realizó una debida identificación del procesado y que el acusado no tenía relación con los hechos. 

Con base en esta decisión, el 11 de diciembre de 2007 el Fiscal Quinto Especializado de la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión ordenó la preclusión de una investigación que adelantaba por secuestro contra Giraldo López y dispuso su libertad inmediata.

Giraldo López y su familia entregaron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados para presentar demanda de reparación directa (Error judicial) contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta y arbitraria de su libertad durante más de dos años, pues fue vinculado de forma equivocada al proceso por causa de un homónimo. 

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales e inmateriales causados por la privación injusta de la libertad del señor Giraldo López, porque consideró que incurrieron en una conducta negligente por no identificar plenamente al procesado y, a pesar de ello, haber determinado su responsabilidad penal.

Las entidades demandadas apelaron la decisión al considerar que, según la Fiscalía, “la medida de aseguramiento se impuso de conformidad con las previsiones legales y con los elementos probatorios existentes para ese momento, que comprometian la responsabilidad del sindicado”. De acuerdo con la rama judicial, “la entidad llamada a responder por los perjuicios supuestamente causados a los demandantes es la Fiscalía General de la Nación, dado que fue la entidad quien impuso la medida de aseguramiento al señor Otoniel Giraldo López y posteriormente formuló acusación, sin tener certeza acerca de su identificación e individualización” 

El proceso llegó hasta el Consejo de Estado que, en fallo del 31 de marzo de 2023, confirmó la condena al precisar que desde que se inició la investigación penal hasta que se profirió la sentencia condenatoria, la Fiscalía y el juez desconocían la verdadera identificación del procesado y actuaron con base en declaraciones y suposiciones que solamente fueron superadas con ocasión de la acción de revisión que adelantó la persona que fue capturada y privada de la libertad, en el marco de un proceso penal que era totalmente ajeno a él.

Para los magistrados, resulta inaceptable que el ente investigador impusiera medida de aseguramiento a una persona ausente en el proceso y luego la acusara sin contar con los elementos mínimos para establecer su identidad, teniendo como único sustento el nombre referido por otro de los implicados.

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00227-01 (49.663)

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