El 6 de mayo de 1987, el señor José Oleaguer Correa Castrillón, quien se desempeñaba como gerente de la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (actual Banco Agrario) de Puerto Nare, (Antioquia) viajó con dos personas al municipio de Puerto Berrío (Antioquia), para realizar gestiones relacionadas con su cargo, así como para obtener un salvoconducto para porte de arma. Luego de salir de las instalaciones de la XIV Brigada, fue interceptado por varios hombres armados que lo desaparecieron.
Correa Castrillón era simpatizante de la Unión Patriótica, lo que se convirtió en la causa de su desaparición y posterior asesinato en manos de los paramilitares. Varias de las masacres y desapariciones cometidas por funcionarios militares de guarniciones del Municipio de Puerto Berrío se habrían realizado en contra de miembros y simpatizantes de ese partido político de izquierda.
Según el testimonio que rindió ante las autoridades el señor Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, durante la investigación penal de la masacre de Segovia (Antioquia), fue el coronel Hernando Navas Rubio quien dio la orden de asesinar a la presunta víctima una vez tuvo conocimiento de que se encontraba en la XIV Brigada.
Al momento de los hechos, Correa Castrillón estaba en compañía del administrador de una mina y de un conductor. Los tres fueron secuestrados y llevados a la Base Cero Uno en Puerto Zambito, donde se encontraba Vladimir, quien afirmó que los habría torturado para extraer información y los habría llevado vivos al cementerio de ese corregimiento, donde los habría asesinado, mutilado y arrojado al río. De acuerdo con Vladimir, José Oleaguer Correa Castrillón realizaba préstamos a campesinos los cuales habrían sido destinados a la guerrilla.
EL Juzgado 21 de Instrucción Criminal, con sede en Puerto Berrío inició una investigación sobre los hechos y el 17 de mayo de 1989 expidió un certificado en el que se decía que no aparecían los sindicados y no tenía noticia de los desaparecidos. Mientras tanto, los familiares de la víctima a través de su apoderado Javier Villegas Posada, instauraron un proceso civil de presunción de muerte por desaparecimiento Correa Castrillón y el 20 de octubre de 1993 obtuvieron un certificado de su defunción.
A pesar de las diversas investigaciones adelantadas por las autoridades y del tiempo transcurrido, los familiares de Correa Castrillón no obtuvieron respuestas sobre la verdad material de su desaparición y muerte, y no existió sanción contra los presuntos responsables. Por ello, el 17 de octubre de 2000, Javier Villegas Posada elevó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual se alegó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, por la presunta detención, desaparición y posterior ejecución extrajudicial del señor José Oleaguer Correa Castrillón, por parte de paramilitares y presuntamente actuando por órdenes provenientes del Ejercito Nacional Colombiano.
El 8 de mayo de 2020, las partes suscribieron un acta de entendimiento por medio de la cual se comprometían a iniciar un proceso de solución amistosa y a trabajar mediante reuniones conjuntas para construir las fórmulas de la solución amistosa. El 23 de junio de 2021, la CIDH notificó formalmente a las partes el inicio del procedimiento, que se materializó con la firma de un acuerdo de solución amistosa el 23 de diciembre de 2021.
En el acuerdo quedó establecido que el Estado colombiano reconocería su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares del señor José Oleaguer Correa Castrillón, por la falta de diligencia en la investigación por los hechos sucedidos el 6 de mayo de 1987.
El acto de Reconocimiento de Responsabilidad se realizó el 3 de marzo de 2022 a las 9:30 am, mediante plataforma virtual. En el mismo participaron el Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García, los familiares de José Oleaguer Correo y su representante, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
También quedó consignado en el acuerdo el compromiso del Estado Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, para otorgar un auxilio económico a Manuela Casas Correa, con el objetivo de financiar el programa de Ingeniera Civil de nivel universitario, en la Universidad de Medellín en modalidad presencial.
Finalmente, y como medida de reparación pecuniaria, el Estado se comprometió a reparar los perjuicios inmateriales y materiales que llegaran a probarse a favor de los familiares de la víctima que no hubiesen sido indemnizados a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El acuerdo fue aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el10 de mayo de 2022, y se ordenó hacerlo público e incluirlo en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA