CONDENAN A LA NACIÓN  Y AL MUNICIPIO DE BELLO POR OMISIÓN EN LA TRAGEDIA DEL BARRIO LA GABRIELA 

En la tarde del 5 de diciembre de 2010, un alud de tierra y escombros se desprendió de la autopista Medellín – Bogotá y cayó sobre el sector Calle Vieja, del barrio la Gabriela, en jurisdicción del municipio de Bello (Antioquia). La tierra cubrió las viviendas y cegó la vida de 80 personas que se encontraban dentro de las mismas, lo que constituyó una de las tragedias más grandes del municipio y de todo el Valle de Aburrá.

Según las investigaciones, el desprendimiento de tierra tuvo origen en un depósito ilegal de residuos sólidos, industriales y de basura en general. sobre el cual ya se había advertido en varias ocasiones por parte de organismos gubernamentales que señalaron que era un factor de riesgo para la comunidad que vivía en la parte baja. Las denuncias sobre una inminente tragedia también habían sido interpuestas por los residentes de la zona, sin obtener una respuesta eficaz, adecuada y de fondo por parte de las diferentes administraciones.

Pese a ello, la curaduría segunda del municipio de Bello autorizó la construcción en el lugar de un parqueadero y lavadero de vehículos  pesados, lo que permitió que las fuertes lluvias que se presentaban para la época sumadas al agua acumulada por el uso del lavadero, que no tenía un manejo adecuado de aguas residuales, desencadenara el deslizamiento  y posterior siniestro.

Por todas las circunstancias descritas, las familias afectadas acordaron demandar a la Nación – Municipio de Bello, con el fin de demostrar su responsabilidad por el deslizamiento, los daños materiales y las vidas perdidas. Para ello, otorgaron  poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, cuyo concepto fue que el daño obedeció a que el terreno se encontraba en condiciones no aptas para su uso, pues el predio amenazaba con derrumbarse y podría dar lugar a una eventual tragedia. 

Con esa premisa se interpuso demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Ministerio del Medio Ambiente- Ministerio del Interior – Departamento de Antioquia – Municipio de Bello y Otros), al considerar  que es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes. Se argumentó que los hechos constituyen un daño a título de falla de servicio por omisión. Las entidades demandadas, por su parte, se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora y adujeron que el daño ocasionado a los demandantes resulta imputable a su propia confianza frente al peligro.

Mediante sentencia del 3 de mayo de 2017, el Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín declaró administrativa y extracontractualmente responsables de manera solidaria al MUNICIPIO DE BELLO, a la SOCIEDAD MINERA PELÁEZ HERMANOS S.C.S y al señor JOSÉ ALIRIO ZAMORA ARDILA por los perjuicios causados a los demandantes en razón de las muertes y daños ocasionados.

En consecuencia, los condenó a indemnizar por perjuicios morales y materiales, decisión que fue impugnada por ambas partes  y resuelta mediante sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 5 febrero de 2021. La Magistrada Liliana P. Navarro Giraldo señaló lo siguiente:

“Existen serios elementos que permite colegir que al parecer, la administración municipal de Bello, en cabeza del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, tenía pleno conocimiento de la problemática ambiental del sector donde se asentaba el barrio la Gabriela, y que a pesar de las consecuencias ambientales de la ola invernal, omitió realizar gestiones que permitieran evitar el acaecimiento de desastres previsibles y técnicamente tratables.

“(…) a juicio de esta corporación, existía la posibilidad efectiva para el municipio demandado evitar el daño, interrumpiendo el proceso causal, pero no lo hizo, incurriendo en una falla del servicio por omisión que resultó determinante en la tragedia que enlutó a los demandantes”.
Con base en lo anterior, el Tribunal ordenó modificar la sentencia emitida por el Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín y accedió a la solicitud realizada por la parte demandante en cuanto a los porcentajes de indemnización en daños morales y materiales. Se cumplieron así las expectativas planteadas por la firma Javier Villegas Posada Abogados a las familias que representa en el proceso, lo que constituye la primera de varias demandas que instauró por los hechos anteriormente mencionados.

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