CONDENAN A LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN CASO DE TRATA DE MUJERES

Después de ser señalado como integrante de una organización que se dedicaba a buscar mujeres en Medellín para luego llevarlas a Guatemala, en donde se dedicarían a trabajar en un “spa” como trabajadoras sexuales, el 22 de nnoviembre de 2005, las autoridades capturaon al señor Ronald Álvarez Ocampo, a quien acusaron del delito de trata de personas.

El señor Ronald fue acusado de ser el encargado de reclutarlas, ayudarlas en los trámites de visas y pasaportes, y ponerlas en contacto con la dueña del establecimiento en ese país.

No obstante, el día 13 de abril de 2007 el Juzgado Vigésimo Primero Penal del Circuito de Medellín absolvió al demandante del delito de trata de personas, como resultado de la práctica de testimonios a varias mujeres que fueron enviadas a Guatemala, a través de los cuales se demostró que la conducta era atípica puesto que habían viajado sin coacción.

Con el fin de demostrar su responsabilidad en la privación injusta y arbitraria de la libertad del señor Ronald, la familia Álvarez Ocampo otorgó poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados para demandar a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, tras considerar que se generó un hecho dañoso por parte de las entidades demandadas.

La demanda de reparación directa se interpuso en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, al considerar  que son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, ya que se generó un hecho dañoso con la privación injusta y arbitraria de la libertad sin un sustento probatorio. Además, por el daño que no debía soportar, dado que la víctima directa fue investigada por una conducta que era objetivamente atípica.

Las entidades demandadas argumentaron que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales y se basó en las pruebas requeridas. Asimismo, argumentaron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva .

Con todos estos elementos, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al condenar a la Nación y a la Fiscalía por los daños causados. Sin embargo, la firma Javier Villegas Posada Abogados apeló la decisión y el caso llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En sentencia del 09 de julio de 2021, el alto tribunal señaló lo siguiente:

“(…), con fundamento en la aplicación del principio de presunción de inocencia, la Sala considera que no se puede configurar la culpa exclusiva de la víctima a partir del estudio de las conductas por las cuales el demandante Ronald ya fue investigado y posteriormente absuelto por la justicia penal con fundamento en atipicidad objetiva en su conducta”.Finalmente, el Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la familia Álvarez Ocampo, a través de la firma Javier Villegas Posada Abogados, y ordenó  indemnizar a los demandantes por concepto de perjuicios morales y materiales, a raíz de la privación injusta de la libertad del señor Ronald.

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