CONDENAN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN PLATO (MAGDALENA)

El 15 de agosto de 2007, la Fiscalía Seccional 29 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Plato (Magdalena) vinculó al señor Próspero Manuel Olivo a una investigación por el punible de rebelión y ordenó librar orden de captura en su contra. La orden se hizo efectiva el 16 de agosto de 2007, dos semanas más tarde se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y el 7 de diciembre fue acusado como autor de la conducta punible de rebelión.

Sin embargo, mediante sentencia proferida el 4 de diciembre del 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato lo absolvió del delito endilgado y le concedió la libertad inmediata, por la aplicación del principio de in dubio pro reo.     

Con el fin de demostrar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor Próspero Olivo, él y su familia decidieron demandar a la Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación). Para ello dieron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, cuyo concepto fue que se generó un daño antijurídico a los demandantes.

Con esa misma premisa se interpuso demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional- Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación), al considerarla administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, en virtud de que los hechos constituían un daño antijurídico y un daño a la vida en relación.

Si bien las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora, mediante sentencia del 26 de noviembre del 2014, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 

Sin embargo, las partes interpusieron recurso extraordinario de apelación que fue resuelto mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, el 25 de mayo de 2022. El Magistrado Ponente, Jaime Enrique Rodríguez Navas, argumentó lo siguiente:   

“(…) así las cosas, la detención preventiva dictada en contra del señor Olivo Molina no fue legítimamente impuesta pues no se ajustó a los estándares mínimos de prueba establecidos en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, vale decir, cuando menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. La detención del investigado en tales condiciones se revela injusta”.
Finalmente, el alto tribunal modificó la sentencia emitida en primera instancia, declaró patrimonialmente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación- y la condenó a pagar los perjuicios morales causados, tal como lo había solicitado  la firma Javier Villegas PosadaAbogados, en representación de la familia Olivo Molina.

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