JUSTICIA PARA UN CARPINTERO PRIVADO DE LA LIBERTAD INJUSTAMENTE

El 7 de diciembre de 2006, el señor César Augusto Cano Eusse, un carpintero que residía en el municipio de Istmina, (Chocó), fue capturado por miembros de la Policía Nacional, con el fin de rendir diligencia de indagatoria por la presunta comisión del delito de rebelión. El 15 de diciembre de 2006, la Fiscalía 13 Seccional le dictó medida de aseguramiento. 

Luego, por providencia del 9 de enero de 2007, la misma Fiscalía revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva. Finalmente, mediante Resolución del 27 de junio de 2007 se precluyó la investigación en favor de César Augusto Cano Eusse, por ser una conducta atípica. 

Con base en todo lo ocurrido, el señor Cesar Cano y su familia acordaron otorgar poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados para demandar a la Nación (Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial), con el fin de demostrar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad que padeció, lo que en consideración de los abogados produjo un daño antijurídico y perjuicios económicos. 

Sobre esa base se interpuso la demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial), al considerarla administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, pues consideraban que los hechos constituían una falla de servicio y un  daño a la parte demandante que no estaba en la obligación de soportar. 

Las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora con el argumento de la excepción de hecho de un tercero.

Mediante sentencia del 26 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, decisión que fue impugnada y resuelta mediante sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 28 de octubre de 2019. Sobre el caso, el Consejero Ponente, Nicolas Yepes Corrales, argumentó:

“En virtud de lo anterior, se puede constatar que la medida cautelar no fue legalmente impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, lo que a la postre tornó la detención del investigado en injusta, dado que la providencia que resolvió la situación jurídica no tenía piso jurídico probatorio y carecía de legalidad para ordenar su captura”.
En ese sentido, y atendiendo las pretensiones de la firma Javier Villegas Posada Abogados en representación de la familia Cano Eusse, el Consejo de Estado modificó la sentencia emitida por el Tribunal, declaró patrimonial y administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación y la condenó a pagar perjuicios morales y lucro cesante a los demandantes.

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