CONDENADO EL EJÉRCITO POR ACCIDENTE CON MINA ANTIPERSONAL QUE MUTILÓ A UN CAMPESINO EN EL CAQUETÁ

Afranio Acosta Varón, un campesino residente en la vereda Alto Londres del Municipio de Puerto Rico (Caquetá), pisó una mina antipersonal que le produjo heridas de consideración y la pérdida de una de sus extremidades inferiores, cuando se encontraba realizando labores de agricultura el 4 de septiembre de 2009. 

A través del abogado Javier Villegas Posada, la familia de Acosta Varón  presentó demanda de reparación directa contra la Nación, por considerar que el Ejército no cumplió con sus deberes de informar, identificar y evitar someterlo al riesgo que padeció.

El Tribunal Administrativo de Bogotá, en diciembre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo un régimen de falla del servicio, argumentando que el Estado Colombiano a través de la Convención de Ottawa asumió una posición de garante respecto de la población civil, al obligarse a desminar el territorio nacional; y aunque en ese instrumento se le concedió al Estado colombiano un plazo de diez años que venció en el año 2010 y fue prorrogado hasta 2020, éste tiene el deber de identificar las zonas donde se tenga conocimiento o se sospeche de la presencia de este tipo de artefactos. 

Por tanto, declaró la responsabilidad del Estado y, ante la carencia de la calificación de la pérdida de capacidad laboral efectuada por una junta médica, condenó en abstracto el reconocimiento de perjuicios, morales, por el daño a la salud y por lucro cesante.

Inconformes con la decisión adoptada en primera instancia, las partes apelaron la decisión. Javier Villegas Posada pidió que se concretaran los perjuicios reconocidos en abstracto, toda vez que existía prueba que acreditaba el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, emitida por la Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá. Indicó que la sentencia debía confirmarse, pues nada excusaba que justamente en una zona tan delicada y alterada por la presencia de grupos guerrilleros no se hubiera priorizado el desminado, lo que dejó a la población civil a su suerte, toda vez que los guerrilleros instalaban minas para proteger sus economías ilícitas y, al menos hasta 2009, no figuraba en los planes de desminado, por lo que se hizo patente la omisión de Estado en esa materia.

Por su parte, el Ejército solicitó que se revocara la sentencia con los argumentos de que el daño fue producido por un tercero (las Farc) y que si bien era cierto que el Estado tenía deberes, no significaba que aquél fuese omnisciente, omnipresente y omnipotente para responder por todo y bajo toda circunstancia.

El Consejo de Estado acogió los argumentos del apoderado de la familia Acosta, Javier Villegas Posada, y señaló que el Ejército no cumplió con sus deberes de informar, identificar y evitar someter al riesgo que padeció el señor Acosta Varón.

El alto tribunal reconoció que se trató de una falla en el servicio, dado que “el lugar donde se presentaron los hechos era una zona con amplia presencia subversiva, por lo cual el Ejército, que estaba en la labor de recuperarla, debió ser responsable con la seguridad y protección de los civiles. El Ejército alega en su defensa que no conocía el sitio exacto donde fue instalada la mina y que el hecho fue culpa exclusiva de la víctima, quien debió adoptar las medidas de seguridad necesarias en el sector donde se encontraba laborando porque sabía que era de alta presencia guerrillera. Sin embargo, era deber del Ejército tomar medidas de protección en favor de la población civil y evitar a toda costa exponerla a la confrontación, particularmente a los daños colaterales del despliegue operacional que llevaron a cabo los militares”.

Por lo anterior, en sentencia de segunda instancia condenó a la entidad castrense a indemnizar a la víctima y a sus familiares por concepto de perjuicios morales, perjuicios materiales y daño a la salud.

Radicado número: 18001-23-31-000-2010-00407-01 (61255)

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