CONDENAN A LA FISCALÍA POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DURANTE MÁS DE 8 MESES DE UN CIUDADANO SOLICITADO EN EXTRADICIÓN 

Con base en una investigación que tuvo origen en el descubrimiento de un cargamento de cocaína en el aeropuerto de Madrid, España, procedente de Buenos Aires, un juzgado de Argentina vinculó a Jhon Wilson García Tobón a un proceso penal. Fue vinculado porque los datos de su pasaporte se utilizaron para comprar los teléfonos con los cuales se coordinó el envío de dicho cargamento. 

El 2 de marzo de 2006, el Juzgado Nacional Penal Económico Número 1 de Buenos Aires dictó detención preventiva contra el señor García Tobón y el 10 de marzo, mediante nota verbal M.R.C. 37/06, el Gobierno de Argentina a través de su embajada en Colombia formalizó la solicitud para su extradición a ese país.  

Dos semanas después, el fiscal general de la Nación ordenó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano y esta se hizo efectiva el 31 de marzo.  No obstante, por medio de un oficio, el 2 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió una nota verbal a la Fiscalía General de la Nación, en la que comunicó que las autoridades argentinas habían sobreseído la investigación penal iniciada contra Jhon Wilson García Tobón, razón por la cual ordenaron su libertad. 

Cinco días más tarde, la Fiscalía General de la Nación revocó la orden de captura con fines de extradición y ordenó su libertad, la cual se hizo efectiva el 9 de noviembre de 2006. El 11 de diciembre, la Presidencia de la República expidió la Resolución por medio de la cual dio por terminado el trámite de la extradición.

Ante todas estas circunstancias, García Tobón y su familia otorgaron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados para demandar  a la rama judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por considerar que Jhon Wilson García Tobón fue privado injustamente de la libertad durante 8 meses a pesar de ser inocente, pues su único delito fue haber extraviado el pasaporte y no denunciar ese hecho, lo que fue corroborado por las autoridades argentinas.

En primera instancia, el 24 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al considerar que se configuró el hecho exclusivo de un tercero como eximente de responsabilidad debido a que la expedición de la orden de captura por parte de la Fiscalía obedeció a la solicitud que realizó el Gobierno de Argentina, con base en una decisión tomada por un juez de ese país.

Sin embargo, la firma apeló la decisión ante el Consejo de Estado por considerar que las autoridades judiciales colombianas, antes de cumplir órdenes de jueces extranjeros, deben garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos. Además, que debían constatar que la solicitud de extradición cumpliera con lo previsto en la ley 906 de 2004 y el artículo 35 de la Carta Política y que García Tobón debió recuperar su libertad transcurridos 60 días desde el momento de su captura, ya que el gobierno extranjero no había formalizado la solicitud de extradición. Finalmente, que la privación injusta de la libertad de la víctima directa debe imputársele principalmente a la Fiscalía, entidad que ordenó la captura y así la captura hubiese sido legal, Jhon Wilson García Tobón no tenía el deber de soportarla.

Atendiendo la solicitud de la firma Javier Villegas Posada Abogados, el alto tribunal revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la Fiscalía General de la Nación porque, si bien la orden de captura cumplió los requisitos legales, la víctima directa sufrió un daño especial y grave que no debía soportar porque sobrepasó el término previsto en el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 y superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad. Este daño resultó, además, injustificado, en la medida en que el demandante no fue condenado por el delito que le imputó el Juzgado Nacional Penal Económico Numero 1 de Buenos Aires, debido a que no se acreditó su participación en la conducta reprochada. 

Explicó el alto tribunal que se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución y por ello ordenó al Estado indemnizar a las víctimas por perjuicios morales, perjuicios materiales, daño al buen nombre, lucro cesante y daño a la salud.

Radicación: 25000-23-26-000-2008-00116-01 (52952)

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