CONDENA LA FISCALÍA A INDEMNIZAR Y PEDIR PERDÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

El 16 de junio de 2007, el señor Luis Alberto Beleño Torres fue capturado por agentes de la Policía Nacional y llevado ante la Fiscalía Delegada 29 de Plato (Magdalena) donde luego de escucharlo en indagatoria definieron su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, por la supuesta comisión del delito de rebelión.

El 16 de octubre de 2007 la Fiscalía presentó acusación en su contra y el Juzgado Promiscuo de Circuito de Plato (Magdalena), en sentencia del 28 de abril de 2009,  lo absolvió. Según el juez, en su contra solo se contaba con el testimonio de un reinsertado cuyas declaraciones no eran una prueba idónea al verificarse que las entregó con el propósito de recibir beneficios.

Inconformes con la privación injusta de la liberad más de 22 meses en calabozo y detención domiciliaria, el señor Luis Alberto Beleño y su familia le entregaron poder para demandar a la Nación a Javier Villegas Posada, quien argumentó que se causaron perjuicios inmateriales y materiales a todos los demandantes quienes debían ser indemnizados.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 29 de octubre de 2014, condenó a la Fiscalía General de la Nación a indemnizar a los demandantes por concepto de perjuicios morales, daño emergente y lucro cesante, por considerar que la detención e investigación en contra señor Luis Alberto Beleño Torres “se desarrolló de manera atropellada con un total y absoluto desconocimiento de las garantías mínimas en materia penal”.

El tribunal subrayó que la medida de aseguramiento dictada en contra del señor Beleño Torres tuvo como soporte dos pruebas que no podían sustentar su detención. Por un lado, se encontraba un informe de inteligencia que solo podía servir como criterio orientador de la investigación y, por el otro, el testimonio del señor Yimi Alberto González Sánchez que no fue corroborado con ningún elemento que le diera credibilidad y sustento, aspecto que no fue resaltado por el juez penal al momento de dictar la sentencia absolutoria.

La Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por considerar que la medida de aseguramiento tuvo por fundamento dos indicios de responsabilidad y el actor estaba llamado a soportar su detención. Pidió que, en caso de que se confirmara la decisión de primera instancia, se tuviera en cuenta que en el daño también hubo participación de la Rama Judicial, la cual tuvo a su cargo al detenido desde la ejecutoria de la resolución de acusación y que el señor Luis Alberto Beleño solo estuvo detenido a órdenes de la fiscalía por un tiempo que no superó los cuatro meses-. 

En sentencia de segunda instancia proferida el 13 de mayo de 2022, el Consejo de Estado acogió la tesis de Javier Villegas Posada y ratificó la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena sobre la responsabilidad de la Fiscalía en la privación injusta de la libertad del señor Beleño. “La Sala observa que pese a que se carecía de pruebas que sustentaran los indicios de responsabilidad requeridos por la ley penal, la fiscalía dictó la medida intramural sin que existieran verdaderos elementos materiales de prueba que permitieran, por lo menos, considerar su vinculación con el grupo ilegal”, se lee en la sentencia.En ese sentido, condenó a la entidad al pago de indemnizaciones por concepto de perjuicios morales y materiales de daño emergente y lucro cesante, y le ordenó emitir un comunicado público en el cual pida perdón por la afectación al buen nombre del señor Luis Alberto Beleño Torres.

Expediente: 47001-23-31-000-2011-00137-01 (57.522)

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