ESTADO RECONOCE RESPONSABILIDAD POR NO INVESTIGAR DESAPARICIÓN DE SOLDADO

El 21 de mayo de 1996, John Fredy Lopera Jaramillo ingresó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio. Fue asignado al Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina de Bello. Luego fue trasladado al municipio de San Carlos, en el Departamento de Antioquia. 

El 26 de octubre de 1997, el joven se comunicó con su familia para invitarla a la ceremonia de clausura del servicio militar obligatorio, la cual tendría lugar el 8 de noviembre. Cuando llegaron sus familiares al acto, les informaron que el joven había sido visto por última vez el 31 de octubre, cuando se dirigió a lavar sus prendas militares al río Calderas en el Municipio de San Carlos, sin saber hasta la fecha sobre su paradero; que había desertado.

Los familiares de Lopera Jaramillo consideraron infundada la acusación de su posible deserción, ya que siempre les dijo que quería continuar con su carrera militar. Sin embargo, el Ejército Nacional acudió al Juzgado 118 de Instrucción Penal Militar para iniciar un proceso por deserción contra la presunta víctima. El juzgado declaró persona ausente al joven y le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva; el 23 de febrero de 1998 fue condenado a 7 meses de arresto por deserción. 

Después de la desaparición y tras la condena penal por deserción, la señora Ana Rocío de Lopera Jaramillo, madre de la presunta víctima, radicó una queja ante la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia por la condena y falta de investigación de los hechos. El caso pasó a conocimiento del Tribunal Superior Militar, el cual revocó el fallo proferido por el Juzgado, por considerar que no había sido posible saber si efectivamente la presunta víctima había desertado o había sido ultimado por algún grupo al margen de la ley, por lo que no podría condenársele penalmente por el delito de deserción.

Los familiares del soldado pusieron en conocimiento al Ministerio de Defensa su desaparición e interpusieron denuncia penal ante la jurisdicción ordinaria, en la Fiscalía 95 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y Dignidad Humana. Asimismo, interpusieron quejas ante la Defensoría del Pueblo regional Antioquia, poniendo en conocimiento de dicha entidad la desaparición del joven de 24 años y ante la Procuraduría Departamental de Antioquia, contra el Ejército Nacional, en la cual señalaban como responsables a los comandantes del batallón al que Lopera Jaramillo había sido enviado.

A raíz de la falta de resultados en la investigación y de respuestas satisfactorias,  la familia del joven Lopera Jaramillo apoderó a Javier Villegas Posada para demandar al Ejército por la desaparición del joven. Ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el abogado reclamó una indemnización integral de los perjuicios causados por la desaparición del joven Lopera Jaramillo. 

Sin embargo, las pretensiones de la demanda de reparación fueron rechazadas, con el argumento de que no resultaba posible acreditar que la desaparición de la presunta víctima se hubiese dado como consecuencia del desarrollo de sus funciones como soldado regular, lo anterior aunado al hecho que la presunta víctima fue declarado desertor por la justicia penal militar, quedando en evidencia la culpa exclusiva de la víctima.

Después de esta decisión se interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, pero dicho Tribunal inadmitió el recurso y procedió a archivar el expediente, por tratarse de un proceso de única instancia.

En el año 2009, el abogado Javier Villegas Posada formuló denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El 22 de noviembre de 2020, después del respectivo trámite, la Comisión decidió la admisibilidad de la denuncia, ya que se podrían caracterizar violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

El 19 de septiembre de 2023, el Estado colombiano y los peticionarios suscribieron un Acta de Entendimiento para la búsqueda de una Solución Amistosa. Una vez recibida y analizada la propuesta de reparación integral, se avanzó en un diálogo interinstitucional para la concertación de las medidas de reparación integral y el 23 de mayo se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre las partes.

En el acuerdo, el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional por omisión, por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía, en perjuicio de los familiares de John Fredy Lopera Jaramillo, por la falta de diligencia en la investigación de los hechos sucedidos, lo cual impidió su esclarecimiento y la sanción de los responsables.

Como medidas de justicia, se estableció que la Fiscalía General de la Nación revisará las investigaciones iniciadas sobre la desaparición del soldado John Fredy Lopera Jaramillo. Asimismo, como medida de  compensación, la indemnización a las víctimas y como medidas de satisfacción la producción de un documental audiovisual donde se exalten la memoria y dignidad del joven soldado y un acto público de Reconocimiento de Responsabilidad, con la participación de las víctimas, su apoderado y el representante del Estado colombiano.

Acuerdo 14304 CIDH

Compartir:

REPRESENTACIÓN JUDICIAL ANTE (JEP)

Procesos relacionados con el conflicto armado y la búsqueda de verdad, justicia y reparación dentro del marco de Jurisdicción Especial para la Paz

Reclamaciones ante compañías aseguradoras (SOAT, póliza de responsabilidad civil), demandas de responsabilidad civil…

DENUNCIAS Y REPRESENTACIONES

Ante el Sistema Interamericano Derechos Humanos (CIDH)

Errores judiciales: condenas y detenciones arbitrarias por parte de entidades estatales.

ACCIDENTES

Fallecimiento o lesiones causadas por: Mal estado de las vías, construcción de las mismas…

Fallecimiento o lesiones causados por: Accidentes con el cableado público, postes, …

Fallecimiento o lesiones casadas por: Falta derivada, a la atención médica asistencial, imprudencia o negligencia médica…

Errores judiciales: acciones realizadas por Autodefensas (A.U.C.) y agentes del Estado: desapariciones forzadas…

Efectuadas por las Fuerzas Armadas del estado (falsos positivos)

Privaciones injustas y arbitrarias de la libertad, entre otros.

Anterior
Siguiente
Luchamos por el reconocimiento de tus derechos.
¡ Somos tu equipo legal !
Nuestro compromiso con la justicia y la igualdad es lo que nos inspira a seguir adelante y a hacer la diferencia en la vida de nuestros clientes y nuestra comunidad.