CONDENA POR ASESINATO DE UN RECLUSO EN UNA CITA MÉDICA

El señor Audi Stewar Cifuentes Gallego, recluso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, Bellavista, fue asesinado con arma de fuego, por dos menores de edad que se encontraban en el Hospital General de Medellín, institución de salud a la que acudió el mencionado interno, escoltado por dos guardias del INPEC, para cumplir con una cita odontológica.

El 29 de enero y el 4 de febrero de 2008, Audi Stewar Cifuentes Gallego presentó derechos de petición en los que solicitó el traslado del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín Bellavista, aduciendo que su vida corría peligro por su condición de desmovilizado de las AUC. Sin embargo, la petición no fu atendida de forma oportuna por el Inpec. 

La familia Cifuentes Gallego apoderó a Javier Villegas Posada para demandar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a Hospital General de Medellín –Luz Castro de Gutiérrez- y a La Previsora S.A., compañía de seguros, como responsables de los daños y perjuicios causados con ocasión de la muerte de Audi Stewar Cifuentes Gallego. 

El abogado argumentó que la muerte del interno se debió a la falla en el cumplimiento de los deberes de seguridad y vigilancia por parte de los guardianes del INPEC, entidad que además no atendió la solicitud de traslado elevada por el recluso por las fundadas sospechas de que su vida corría peligro. Sobre la responsabilidad del Hospital General de Medellín señaló que esta institución incumplió con su deber de seguridad, puesto que permitió el ingreso de dos personas armadas.

En fallo de primera instancia proferido el 13 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, condenó al Instituto Nacional Penitenciario, INPEC a indemnizar a los demandantes por perjuicios morales, pero relevó de responsabilidad al Hospital General de Medellín. “… frente a la responsabilidad del INPEC, el Tribunal mencionó que el régimen aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios es de carácter objetivo, pues, en virtud de la relación de especial sujeción con los reclusos, el Estado tiene el deber de garantizar su seguridad”, señala la sentencia. 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- apeló la decisión y solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con fundamento en dos argumentos principales: la falla en la prestación del servicio de seguridad le es imputable al Hospital General, por cuanto permitió que al interior de sus instalaciones unos niños entraran armados. Y porque el hecho dañoso fue ocasionado por un tercero, lo que en conjunto con la falla de seguridad del hospital se convirtió en un hecho imprevisible, irresistible y externo al servicio penitenciario. 

La apelación fue resuelta por el Consejo de Estado en sentencia del primero de noviembre de 2023, en la cual la sala concluyó que “la muerte del recluso ocurrió luego de que este solicitó su traslado por el riesgo que corría su vida y, el INPEC le negara la posibilidad de trasladarse a otro penal, aun cuando la ley lo habilitaba para ello, por lo que evidencia una clara relación entre la conducta omisiva de la entidad demandada y el hecho dañoso, que no puede ser calificado como imprevisible, en la medida en que ya se había puesto en conocimiento de la entidad la posibilidad de que se presentara”.La Sala acogió los argumentos de Javier Villegas Posada, modificó la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia y profirió condena solidaria en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y el Hospital General de Medellín E.S.E., tras considerar que “es imputable a la falla en el servicio en la que incurrió dicha institución prestadora de servicios de salud, al no conseguir evitar el ingreso de las armas con las que se perpetró el homicidio”.

Radicado número: 050012331000201101201 01 (60046)

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