CONDENA A LA NACIÓN POR MUERTE DE CAMPESINO VÍCTIMA DE UNA MINA ANTIPERSONAL PLANTADA POR LA GUERRILLA  EN CHIGORODÓ (ANTIOQUIA)

El señor Luis Alberto Pacheco Talaigua era campesino jornalero de profesión y residente de la vereda Remigio del Municipio de Chigorodó – Antioquia. El 12 de julio de 2016, salió a realizar sus labores de campo y caza en compañía de su suegro, Eduardo Antonio Suarez Pérez. Al adentrarse al monte persiguiendo un animal se topó con un artefacto explosivo que se accionó y lo dejó gravemente herido. Pese a todos los esfuerzos y dada la lejanía de la vereda con la cabecera municipal, el señor Luis Alberto murió en el lugar de los hechos.

La familia Pacheco Moreno decidió demandar a la Nación por lo sucedido, para lo cual apoderó a Javier Villegas Posada, quien reclamó la responsabilidad de La Nación por la muerte del señor Pacheco Talaigua, toda vez que pese a la realidad social vivida por los habitantes de Chigorodó, el Ejército y la Policía no realizaron las actividades tendientes a prestar la seguridad a la población civil ajena al conflicto armado interno. 

Agregó que dichos artefactos explosivos son un mecanismo de ataque en contra de la Fuerza Pública y en este caso las cargas públicas fueron desequilibradas y el señor Luis Antonio sufrió consecuencias que no estaba en la obligación de soportar.

Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones alegando que el plazo otorgado en la convención de Ottawa frente al desminado humanitario se había prorrogado hasta el 01 de marzo de 2021 y que la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, justificó que el Estado no debe responder por los perjuicios derivados por accidentes con minas antipersonal.

El Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá acogió la tesis de la defensa y negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que en el caso no se vislumbraban los supuestos para que se aplicara el régimen de riesgo creado, toda vez que no se acreditó que el artefacto explosivo hubiera sido sembrado por el Ejército Nacional en alguna base militar o que estuviera próximo a un órgano estatal que permitiera colegir que era un atentado contra agentes estatales. 

Sin embargo, Javier Villegas Posada apeló la decisión con el argumento de que no se pueden acoger las justificaciones de los demandados que aducen que “el Ejército Nacional no presta la seguridad para iniciar con esta labor de desminado porque no están dadas las condiciones de seguridad, porque como podemos observar el Estado Colombiano se está extrayendo de sus obligaciones de preservar la vida y la integridad de los habitantes del territorio-residentes y transeúntes- con el argumento que están dentro del plazo (extendido) otorgado por la convención de Ottawa, para ubicar y desminar el territorio Colombiano, y por el contrario estamos dejando a los civiles y este caso a los campesinos a merced de los campos minados, lo que esta ocasionado muertes de inocentes ajenos al conflicto, faltando así a los deberes normativos y violando las normas especiales de protección dentro del Derecho Internacional Humanitario (…)”. 

El 15 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió los argumentos del apoderado de las víctimas, Javier Villegas Posada, revocó la sentencia del Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y condenó al Ejército Nacional a indemnizar a la familia del señor Pacheco Talaigua.En sentencia de segunda y última instancia, el alto tribunal subrayó que existían “elementos suficientes para acreditar que en el presente caso existe responsabilidad de la entidad demandada, dadas las condiciones de violencia presente en la zona, la alta presencia de miembros de grupos armados ilegales y la poca acción de las Entidades del Estado en velar por la protección de la población civil, hizo que los demandantes fueran un objetivo dentro del conflicto armado interno siendo víctimas de la violencia”.

 Radicación: 11001-33-43-062-2018-00324-02

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