CONDENA POR MUERTE DE ERRADICADOR EN EMBOSCADA AL EJÉRCITO EN ANDAGOYA (CHOCÓ)

El 27 de julio de 2009 fue emboscada con granadas y disparos de ametralladora una lancha en el río San Juan, a la altura del  caserío Bebedó, El ataque ocurrió cuando un grupo de campesinos adscritos al programa de erradicación manual de cultivos ilícitos adelantado por Acción Social en coordinación del Ejército Nacional procedían a desplazarse hacia el municipio de Andagoya, en el Chocó.

En la emboscada perdió la vida el señor Wilkiller Murillo, quien tenía un contrato de trabajo con la empresa Empleamos S.A. para desempeñarse como erradicador manual de cultivos ilícitos para un programa del Gobierno Nacional. 

La familia del señor Murillo apoderó a Javier Villegas Posada para demandar al Ejército y a la Policía, por no haber prestado las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de dicha labor.

Según la demanda presentada por el abogado, todas las entidades incurrieron en falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional porque, a pesar de tener conocimiento de la peligrosidad de la zona, insistieron en mantener al personal civil en las labores de erradicación manual de los cultivos ilícitos. Acción Social y Empleamos S.A. porque contrataron sus servicios del señor Wilkiller Murillo para la erradicación manual de cultivos ilícitos, para lo cual era inexperto; la Dirección Nacional de Estupefacientes  porque fue la que diseñó como estrategia para controlar los cultivos ilícitos la erradicación manual y asignó la coordinación de ese plan a Acción Social; de igual manera, la Policía y el Ejército Nacionales, por estar encargados de la seguridad de los erradicadores.

El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 5 de marzo de 2015, condenó al Ejército y a la Policía Nacional por la muerte del señor Murillo. Argumentó que se trató de una falla en el servicio, toda vez que “la Fuerza Pública incumplió su deber de protección y seguridad encomendado constitucionalmente; aunque la muerte la provocó un grupo armado al margen de la ley, lo cierto es que su conducta omisiva la facilitó cuando permitió el desplazamiento de los erradicadores sin ninguna protección, solo con chalecos salva vidas, sin tener en cuenta la grave situación de orden público en la zona, con independencia de que no hubieran solicitado protección de manera expresa por parte del programa presidencial para la erradicación de cultivos ilícitos, pues, la Fuerza Pública debió asumirla por tener certeza de la situación de riesgo en la que se encontraban los erradicadores; el solo acompañamiento no resultó eficaz frente al ataque, pues la situación implicaba un refuerzo de las medidas de protección debido a que se tenía conocimiento de las amenazas efectuadas al grupo de erradicadores, al punto que se cambió la fecha inicialmente programada para el desplazamiento”.

Las partes demandadas apelaron la decisión argumentando que no se probó ninguna falla del servicio y que el daño fue provocado por un ataque guerrillero que era imprevisible, que estaba dirigido a la población civil.

En sentencia de segunda instancia del 23 de enero de 2023, el Consejo de Estado confirmó la decisión que condenó a la Policía y al Ejército a indemnizar a los demandantes por la muerte del señor Wilkiller Murillo. La Sala de decisión subrayó que estaba probado que “El Ejército Nacional y la Policía Nacional no adoptaron las medidas de seguridad necesarias, suficientes y eficaces para el desarrollo de una función riesgosa como la encomendada a la víctima y en las condiciones específicas en las que se desarrollaban en dicho lugar, de manera que incurrieron en una conducta constitutiva de falla en el servicio por omisión del deber de vigilancia y/o protección del padre de las demandantes”.En concordancia con lo planteado por el abogado Javier Villegas Posada, el alto Tribunal señaló además que “también se encuentra comprometida la responsabilidad de la Fuerza Pública a título objetivo, por cuanto sometió a los erradicadores de cultivos ilícitos, y particularmente al señor Wilkiller Murillo, a un riesgo de carácter excepcional, por cuanto la actividad de erradicación de cultivos ilícitos constituye, sin duda alguna, por su propia naturaleza en las condiciones y circunstancias en las que se deben desarrollar en el territorio nacional, como es de dominio público, una actividad netamente peligrosa…”.

 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)

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