CONDENA A LA NACIÓN POR MUERTE DE ERRADICADOR CON MINA ANTIPERSONAL EN ANORÍ (ANTIOQUIA)

El 9 de febrero de 2008, el joven Laureano Meléndez Díaz falleció como consecuencia de accionar una mina antipersonal cuando realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos en el municipio de Anorí, Antioquia. El joven tenía un contrato de trabajo con la firma Empleamos S.A., el cual tenía como objeto prestar al Gobierno Nacional servicios relacionados con la erradicación manual de cultivos ilícitos, actividad por si misma peligrosa. 

Los familiares de la víctima viajaron a Antioquia para reconocer el cadáver de su ser querido y llevarlo a su tierra natal para realizar las respectivas honras fúnebres. Cuando estuvieron en el lugar de los hechos se enteraron que en varias ocasiones la guerrilla había hostigado al grupo de erradicadores, quienes se atrincheraban en la zona para evitar ser lesionados o asesinados. Los miembros de la Policía y el Ejército debían repeler los ataques. 

La familia de Meléndez Díaz apoderó a Javier Villegas Posada para demandar a la Nación y a la firma contratista por la muerte del erradicador. El abogado señaló que la mina antipersonal con la que resultó muerto el joven fue puesta por la guerrilla como táctica de guerra para proteger su influencia en el territorio. No obstante, ni el Ejército ni otro organismo del Estado le brindaron a la víctima un entrenamiento adecuado, acerca de la existencia, modo de identificar y de evitar un posible contacto con esos instrumentos de alto riesgo para la vida e integridad física de las personas. 

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al Ejército y a la Policía a indemnizar a los familiares de Meléndez Díaz. En relación con la imputación, señaló que el daño resulta atribuible a las dos entidades, ya que omitieron proteger a la víctima de las minas antipersonales sembradas en la zona rural de Anorí, Antioquia cuando, aquella, en virtud de una relación especial, realizaba la labor de erradicación de cultivos ilícitos como miembro de la población civil. Esta responsabilidad deviene de la Convención de Ottawa. En igual sentido, señaló que es posible atribuir responsabilidad a título de daño especial, ya que el resultado dañino desborda las cargas públicas soportables.

La decisión fue apelada por el Ministerio de Defensa que, entre otros argumentos, señaló que el daño no era atribuible a la entidad por acción u omisión a título subjetivo u objetivo – objetivo, ya que las pruebas demostraban que la muerte de la víctima se debió actos indiscriminados de terrorismo. Además, que el Ejército había cumplido con las obligaciones que devienen de la Convención de Ottawa (Ley 554 de 2000), ya que había tenido importantes logros en desminado humanitario en términos de actividades y educación en el riesgo de minas. Finalmente, que desde que la víctima se vinculó voluntariamente al programa de erradicadores asumió los riesgos propios de la actividad y las cláusulas contractuales y el régimen prestacional y de la empresa empleamos S.A.

Sin embargo, en decisión de segunda instancia del 10 de febrero de 2021, el Consejo de Estado  confirmó la sentencia de primera instancia. Según la sala, “Acción Social, el Ejército y la Policía Nacional incurrieron en falla del servicio, ya que, pese al conocimiento previo que se tenía que el municipio de Anorí tenía una alta presencia de minas antipersona, se envió a un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos sin capacitación previa y sin que haya coordinado un acompañamiento integral de seguridad por parte de la Fuerza Pública para que se realice tal actividad”.

En ese sentido, ordenó a las entidades demandadas a indemnizar a los familiares de Meléndez Díaz.

Radicado:   05001-23-31-000-2010-00511-00

Compartir:

REPRESENTACIÓN JUDICIAL ANTE (JEP)

Procesos relacionados con el conflicto armado y la búsqueda de verdad, justicia y reparación dentro del marco de Jurisdicción Especial para la Paz

Reclamaciones ante compañías aseguradoras (SOAT, póliza de responsabilidad civil), demandas de responsabilidad civil…

DENUNCIAS Y REPRESENTACIONES

Ante el Sistema Interamericano Derechos Humanos (CIDH)

Errores judiciales: condenas y detenciones arbitrarias por parte de entidades estatales.

ACCIDENTES

Fallecimiento o lesiones causadas por: Mal estado de las vías, construcción de las mismas…

Fallecimiento o lesiones causados por: Accidentes con el cableado público, postes, …

Fallecimiento o lesiones casadas por: Falta derivada, a la atención médica asistencial, imprudencia o negligencia médica…

Errores judiciales: acciones realizadas por Autodefensas (A.U.C.) y agentes del Estado: desapariciones forzadas…

Efectuadas por las Fuerzas Armadas del estado (falsos positivos)

Privaciones injustas y arbitrarias de la libertad, entre otros.

Anterior
Siguiente
Luchamos por el reconocimiento de tus derechos.
¡ Somos tu equipo legal !
Nuestro compromiso con la justicia y la igualdad es lo que nos inspira a seguir adelante y a hacer la diferencia en la vida de nuestros clientes y nuestra comunidad.