DECLARAN RESPONSABLE AL ESTADO POR MUERTE DE CAMPESINO AL EXPLOTAR MINA ANTIPERSONAL EN CHIGORODÓ (ANTIOQUIA)

Luis Alberto Pacheco Talaigua era campesino jornalero de profesión y residente de la vereda Remigio del Municipio de Chigorodó – Antioquia- que el 12 de julio de 2016 salió a realizar sus labores de campo y caza en compañía de su suegro, Eduardo Antonio Suarez Pérez. Al adentrarse al monte persiguiendo un animal pisó un artefacto explosivo que se accionó y lo dejó gravemente herido. Pese a todos los esfuerzos y dada la lejanía de la vereda con la cabecera municipal, el campesino murió en el lugar de los hechos. 

La familia Pacheco Talaigua otorgó poder para demandar al Estado a Javier Villegas Posada, quien como fundamento de las pretensiones, recordó que la zona de Urabá históricamente ha sido una las más azotadas por la violencia y también ha sufrido del abandono estatal que ha dejado a merced de los grupos armados ilegales a la población civil. Indicó que las entidades demandadas aun conociendo la realidad social vivida por los habitantes del municipio, no realizaron las actividades tendientes a prestar la seguridad a la población civil ajena al conflicto armado interno. Dichos artefactos explosivos son un mecanismo de ataque en contra de la Fuerza Pública, y por ende en este caso las cargas públicas fueron desequilibradas y el señor Luis Antonio sufrió consecuencias que no estaba en la obligación de soportar.

Hizo alusión a la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y a la convención de Ottawa la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico Colombiano mediante Ley 554 del 2000. 

Las pretensiones de la demanda fueron negadas por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con base en dos argumentos. El primero, que los demandantes no lograron demostrar la falla en el servicio alegada, toda vez que el Gobierno colombiano aún tenía tiempo para dar cumplimiento a los compromisos derivados del Tratado de Ottawa, pues se le confirió una prórroga para ello; adicionalmente, para la fecha de los hechos se habían realizado campañas educativas de prevención contra MAP y de desminado humanitario.

Segundo, que en el caso no se vislumbraban los supuestos para que se aplicara el régimen de riesgo creado, toda vez que no se acreditó que el artefacto explosivo hubiera sido sembrado por el Ejército Nacional en alguna base militar o que estuviera próximo a un órgano estatal que permitiera colegir que era un atentado contra agentes estatales. (…)

La decisión del juzgado fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por Javier Villegas Posada, quien alegó que el Estado Colombiano se estaba extrayendo de sus obligaciones de preservar la vida y la integridad de los habitantes del territorio-residentes y transeúntes- con el argumento que estaba dentro del plazo (extendido) otorgado por la convención de Ottawa, para ubicar y desminar el territorio Colombiano. Por el contrario, señaló, estaba dejando a los civiles, en este caso a los campesinos, a merced de los campos minados, lo que estaba ocasionado muertes de inocentes ajenos al conflicto, faltando así a los deberes normativos y violando las normas especiales de protección dentro del Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, recordó que históricamente la zona de Urabá había tenido presencia de grupos ilegales que habían instalado campos minados, sin que el Estado obtuviera el control territorial como es su obligación constitucional, generándose como resultado de su negligencia, que fueran los habitantes de esas zonas quienes habían sufrido las consecuencias de la violencia.El Tribunal, en sentencia de septiembre de 2023, acogió los argumentos de Javier Villegas Posada, revocó la decisión del juzgado y condenó al Ejército a indemnizar a la familia de Pacheco Talaigua, precisando en el fallo que “existen elementos suficientes para acreditar que en el presente caso existe responsabilidad de la entidad demandada, dadas las condiciones de violencia presentes en la zona, la alta presencia de miembros de grupos armados ilegales y la poca acción de las Entidades del Estado en velar por la protección de la población civil, lo que hizo que los demandantes fueran un objetivo dentro del conflicto armado interno siendo víctimas de la violencia”.

Radicado número: 18001-23-31-000-2010-00407-01 (61255)

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