CONDENA AL ESTADO POR MUERTE DE INFANTE DE MARINA EN TUMACO (NARIÑO)

El joven Julio Roberto Torres Angarita se presentó a las autoridades de reclutamiento con el fin de obtener la libreta militar y poder conseguir un empleo.  Ingresó a las filas militares como Infante de Marina de la Armada Nacional, donde prestó su servicio militar obligatorio por 15 meses a órdenes del Batallón de Infantería de Marina No 70, Compañía Charly.

El 7 de julio de 2012, en cumplimiento de operaciones de registro y control en el sector denominado Buchely, carretera que desde Tumaco conduce a Pasto, fue asesinado por impactos de bala de un grupo armado, según el informe oficial.

La familia de Torres Angarita le otorgó poder a Javier Villegas Posada para demandar a la Nación. En concepto del abogado, hubo una omisión por parte del cuerpo castrense de suministrar seguridad, vigilancia y protección a una persona que se encontraba bajo su custodia, con ocasión de una relación especial de sujeción como lo es prestar el servicio militar obligatorio. Además, que el joven ingresó a la Armada Nacional en perfecto estado de salud y la prestación del servicio militar obligatorio era una carga excepcional que se impone a los varones mayores de 18 años. .

El 11 de octubre de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que si bien el señor Torres Angarita se hallaba evadido del campamento donde se hallaba cuando se produjo su muerte, esto constituye una falla en el servicio pues las medidas de control y vigilancia que debían ejercer quienes detentaban mando y jerarquía sobre el conscripto no se cumplieron. Además, hubo falta de diligencia de quienes cumplían funciones de guardia o centinela, pues sabían del deseo de la víctima de abandonar las instalaciones militares y no lo impidieron.

La decisión contempla una reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también concurrió con su conducta irresponsable y culpable a la creación del escenario en el que perdió la vida, al abandonar las instalaciones del campamento.

Inconforme con la decisión, en nombre de la familia del joven, Javier Villegas Posada apeló la sentencia de primera instancia. Subrayó que no ha debido asumirse que existió concausa como quiera que, en materia de conscriptos, el Estado tiene la obligación de devolverlos a la sociedad en las mismas condiciones en que estos ingresan a sus filas, lo cual, en caso de no ocurrir, da lugar a que se configure una responsabilidad objetiva por su condición de soldado regular.

Por su parte, el Ejército solicitó que se revocara la sentencia de primer grado y reiteró que las circunstancias en las cuales falleció el Infante de Marina constituían un hecho ajeno a la entidad demandada, ya que su muerte ocurrió por actos realizados contra la ley y el orden, al no acatar la orden de permanecer en el campamento, cuando debió encontrarse allí descansando según la rutina del pelotón respectivo.EL Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 9 de junio de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que “se probó en debida forma que el daño antijurídico traducido en la muerte del conscripto devino principalmente por la falla en el servicio de protección, seguridad y vigilancia de los mismos miembros de la institución demandada; no obstante lo anterior, en asuntos donde la conducta del agente estatal tiene incidencia en la materialización del daño, sí es factible aplicar la figura de la concausa”. Por lo anterior, no hubo variación sobre la concesión de los montos por concepto de indemnización.

 RADICACIÓN: 52 001 33 33 003 2014 – 0006 (3798) 01 

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