CONDENADO EL EJÉRCITO POR MASACRE EN UNA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ (ANTIOQUIA)

El 26 de diciembre de 2005, soldados del Batallón de Infantería Número 46 “Voltígeros”, en la vereda “la Cristalina” de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dispararon contra un grupo de personas que dormían después de las fiestas decembrinas. En el lugar murieron Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez, -de 25 años y madre de 2 hijos-, John Darío Graciano Osorno -de 17 años-, Blanca Nubia Jiménez Quintero -de 17 años y en estado de gestación-, Jorge Eliécer Jiménez Tabares -de 17 años y compañero sentimental de Blanca Nubia-, Jhoneifer Andrés Giraldo Hernández -de 17 años- y Elisenia Vargas González.

Según la versión de los militares, se trató de un combate con un reducto de las Farc liderado por el señor Ovidio Cardona, quien se desmovilizó y entregó información sobre la ubicación de las seis personas muertas. De hecho, el General Luis Alfonso Zapata -Comandante de la Brigada XVII-, presentó a los seis supuestos guerrilleros del frente 58 de las FARC y dijo a los medios de comunicación que habían perdido la vida en un presunto combate con tropas de dicha Brigada.

Las familias de las víctimas otorgaron poder a Javier Villegas Posada para demandar a la Nación, tras señalar que no hubo ningún combate sino que se trató de una ejecución extrajudicial o «falso positivo» y que los soldados alteraron la escena del crimen trasladando los cuerpos a la sede de la Brigada XVII en Carepa, Antioquia, lo que impidió una investigación adecuada por parte de las autoridades competentes.

En la demanda, el abogado de las familias que las víctimas se habían reunido para compartir en una fiesta navideña, la cual, en realidad era “(…) una celada perversamente organizada por miembros del Ejército Nacional para darles muerte, prevalidos de una sindicación sin fundamento salida de la boca de uno de los “informantes” que la Brigada XVII tiene dentro de sus instalaciones, a cambio de prebendas económicas y beneficios judiciales.”.

Según relató, “(…) un piquete de soldados del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII que ingresó a la zona al amanecer, disparó sus armas sobre una muchachada indefensa que aún dormía, como lo pudieron apreciar algunas personas que observaron la escena del crimen, después que los soldados la alteraran evacuando los cadáveres, encontrando un conjunto de casquillos de armas de fuego de largo alcance mezclados con restos de masa encefálica esparcidas sobre las almohadas donde plácidamente dormían los jóvenes salvajemente sacrificados (…)”.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo – Antioquia, en  decisión del 30 de mayo de 2019, negó las pretensiones de la demanda por considerar que, en primer lugar, el enfrentamiento no había ocurrido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sino, en la vereda “La Cristalina”, por lo cual, las medidas cautelares dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no aplicaban para “(…) los pobladores de la selva, lugar donde ocurrieron los hechos (…)”; además, que “(…) si se admitiera en gracia de discusión que la muerte de las seis personas por las cuales acá se cuestiona la responsabilidad del Estado, ocurrió en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, existe prueba suficiente en el expediente que demuestra que esa población se ha resistido de manera sistemática a recibir ayudas del Estado Colombiano (…)”.

También argumentó que, contrario a lo afirmado en la demanda, los occisos no eran simples campesinos pues, de haberlo sido, no se hubiera encontrado en su poder material de guerra y de intendencia, además de haberse probado en el expediente que, contra Jorge Eliécer Jiménez Tabares, había sido expedida orden de captura por los delitos de tentativa de homicidio, rebelión y terrorismo. Finalmente, aseguró que las pruebas permitían inferir que sí hubo contacto armado entre los seis jóvenes fallecidos y el Ejército Nacional.

Inconforme con la decisión del juzgado, Javier Villegas Posada interpuso el recurso de alzada argumentando que los hechos en los cuales fallecieron los familiares de los actores constituyen una ejecución extrajudicial o falso positivo, que si bien uno de los occisos tenía orden de captura vigente, ello no era razón suficiente para que los ultimaran en estado de indefensión, que los orificios de impacto de los proyectiles no eran consecuentes con las declaraciones de los militares y que en el caso concreto existió -a lo sumo- uso excesivo de la fuerza, pues se trató de 25 militares contra los 6 fallecidos.

En decisión de segunda instancia del 28 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sentencia del Juzgado de Turbo y accedió a las pretensiones de la demanda, por encontrar que las muertes ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza pública y no de un combate como se afirmó en la sentencia apelada.

Según el tribunal,  “lo ocurrido no fue un combate propiamente, sino una emboscada orquestada con la información suministrada por Ovidio Cardona quien, dicho sea de paso, podría considerarse como testigo sospechoso por las veces que modificó aspectos de su versión y, al parecer, resultó beneficiado con las bajas de la Brigada, como quiera, ese mismo día, se desmovilizó”.
Por lo anterior, condenó al Ejército a indemnizar a las familias de las víctimas. Asimismo, como medidas de satisfacción o compensación moral, a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la muerte de las seis personas, en el cual además, se pida perdón público a sus familias.

RADICACIÓN: 05837-3331-01-2008-00282-01

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