CONDENAN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DERIVADA DE UNA SUPLANTACIÓN

El 28 de enero de 2005 fueron capturados en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), dos hombres que se identificaron como Luis Horacio Cardona Peña y Rubén Darío Guzmán Buendía, quienes fueron sorprendidos dentro  de una casa después de haber maniatado y encerrado en el baño a las empleadas del servicio.

Por esa conducta les fueron imputados los delitos de secuestro; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y hurto calificado con circunstancias de agravación. A los dos se les dictó medida de aseguramiento en sitio de reclusión, pero esta no se pudo hacer efectiva toda vez que ambos salieron libres valiéndose de una orden de libertad falsa. Por ello, se les dictó orden de captura, además, por  fuga de presos.

El 25 de septiembre de 2006, el señor Luis Horacio Cardona Peña se encontraba en  Medellín (Antioquia), compartiendo en una cantina con sus compañeros de trabajo, cuando llegaron al lugar uniformados de la Policía Nacional con el fin de realizar una requisa. Cuando verificaron los documentos del señor Cardona Peña, se percataron de que en su contra existía orden de captura emitida por la Fiscalía de Cali, por lo cual fue detenido y enviado a los calabozos de la Estación de Policía del corregimiento de San Cristóbal, en donde permaneció durante 6 días. 

Cardona Peña contrató a una profesional del derecho la que logró demostrar que existió una suplantación ya que él no era el asaltante de la ciudad de Cali. El 4 de julio de 2006, le fue concedida la libertad provisional pero continuaron vigentes las órdenes de captura que pesaban en su contra, situación que lo tuvo huyendo de las acciones de la Policía.

El 25 de septiembre de 2007, el afectado realizó un derecho de petición a la SIJIN, entidad que le informó que la orden de captura en su contra estaba vigente, lo que le impedía trabajar y movilizarse libremente. Por esa razón, Cardona Peña  interpuso una acción de tutela que fue resuelta el 31 de octubre de 2007 por el Tribunal de Medellín, el cual ordenó la cancelación inmediata de la orden de captura vigente.

A raíz de todos los inconvenientes, el señor Luis Horacio Cardona Peña y su familia acordaron demandar a la Nación (Fiscalía General de la Nación – Policía Nacional), con el fin de demostrar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad y las órdenes de captura en su contra. La firma Javier Villegas Posada Abogados los representó ante lo que calificó como una privación injusta y arbitraria de la libertad, una lesión al buen nombre y el riesgo de su derecho a la libertad.

Con ese objetivo se interpuso demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Fiscalía General de la Nación – Policía Nacional), al considerar  que es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, ya que los hechos constituían una falta o falla en el servicio y/o un daño especial y/o riesgo excepcional, con la privación injusta de la libertad, además del perjuicio a la honra y el buen nombre, así como a la pérdida de capacidad laboral. 

Por su parte, las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora y propusieron las excepciones falta de legitimación por pasiva, inexistencia de falla del servicio, ausencia de responsabilidad y hecho exclusivo de un tercero.

Mediante sentencia con fecha 30 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, la condenó a indemnizar por perjuicios morales, daño emergente y lucro cesante aduciendo para ello lo siguiente:

“Para la sala en el caso en concreto se estructuró principalmente uno de los presupuestos que comprometen la responsabilidad de la administración, bajo el régimen de responsabilidad objetivo, de modo que la Nación – Fiscalía General de la Nación, deberá reparar los perjuicios causados por la privación injusta del demandante principal”.La decisión fue impugnada por ambas partes y resuelta mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, el 6 de noviembre de 2020. El consejero ponente, Ramiro Pazos Guerrero, acogió la solicitud de la firma Javier Villegas Pösada Abogados en representación de los demandantes y ordenó modificar la sentencia emitida por el Tribunal, a la cual le agregó la reparación no pecuniaria al buen nombre y a la dignidad humana.

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