CONDENAN A LA NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL POR TRES FALSOS POSITIVOS EN RIONEGRO

El 29 de diciembre de 2005, los jóvenes Erick Alberto Osorio Martínez y José Miguel Lodoño Ramírez viajaron desde Medellín hasta Rionegro, con el fin de asistir a una “marranada” que se realizaría con motivo de las festividades de fin de año. Ese mismo día, en la vereda La Victoria de Rionegro, fueron asesinados por  integrantes del Gaula del Oriente Antioqueño, quienes los presentaron como integrantes de un grupo delincuencial que venía asaltando a los pobladores del sector.     

A partir de lo ocurrido, las familias de Erick Osorio y José Londoño acordaron demandar a la Nación,  al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, con el fin de demostrar su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en contra de los jóvenes Erick y José. Para ello otorgaron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, la cual buscó demostrar que los jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión lo que produjo un daño que es imputable a las entidades que se pretendan demandar. 

Con esa premisa se interpuso la demanda de reparación directa  en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – al considerar que es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, toda vez que los hechos constituyen un daño y una falla del servicio, además de un daño a la vida en relación. 

Las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora, sustentando la responsabilidad de la culpa exclusiva de las víctimas al pertenecer a un grupo delincuencial.

Mediante sentencia de fecha 23 de agosto del 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, tanto la firma Javier Villegas Posada Abogados como las entidades demandadas interpusieron recurso extraordinario de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, del 15 de julio de 2022. La Consejera Ponente, Maria Adriana Marín, señaló para ello lo siguiente:   

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que en el presente asunto ese específico daño antijurídico -ejecución extrajudicial- deba calificarse como una vulneración grave de derechos humanos, que impone a la Sala el deber de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso, pues no se demostró que hubiera existido un enfrentamiento armado, ni que las víctimas pertenecieran a un grupo delincuencial y, por el contrario, se aceptó por parte de algunos de los integrantes del Grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño que participaron en los hechos, que se trató de un combate simulado y que además las armas encontradas al lado de los cadáveres de los jóvenes José Miguel Londoño Ramírez y Erick Alberto Osorio Martínez fueron colocadas por ellos..”
El Consejo de Estado modificó la sentencia emitida por el Tribunal y declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional-. En tal sentido, condenó a pagar los perjuicios morales causados, con lo cual se cumplieron las expectativas planteadas a las familias Osorio Martínez y Lodoño Ramírez por parte de la firma Javier Villegas Posada Abogados.

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