CONDENAN A LA NACIÓN  POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

El 6 de octubre de 1997 fue privado de la libertad el señor Carlos Alberto Ospina González, quien entre 1992 y 1994 se desempeñó como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del municipio de Bolívar (Antioquia). Su detención obedeció al desarrollo de un proyecto de interés social que consistía en la construcción del conjunto residencial denominado “Altos de la Ermita”. Según la denuncia, el contrato fue adjudicado irregularmente y se celebró sin la observancia de requisitos legales. 

El señor Ospina fue imputado por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación en provecho de terceros y estuvo preso durante dos años y siete meses. Pero el 5 de mayo del 2000, el Tribunal Superior de Antioquia – Sala de Decisión Penal, lo absolvió de responsabilidad por atipicidad de la conducta y ordenó su libertad inmediata.

Ante las circunstancias, la familia Ospina González decidió demandar a la Nación (Fiscalía general de la Nación y la Rama Judicial), con el fin de demostrar su responsabilidad en la injustificada privación de la libertad. Para ello, otorgó poder a la firma Javier Villegas Posada abogados, en cuyo concepto existieron daños  causados por la vergüenza pública, la angustia, la congoja y la pena que sufrieron y sufren sus familiares como consecuencia de la ilegal e injusta privación de la libertad de que fue víctima. Además, estima que Ospina González quedó expuesto a la animadversión y al escarnio público por el carácter deshonroso de la imputación calumniosa que las autoridades difundieron en su contra.

Sobre esas bases se interpuso la demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Fiscalía general de la Nación y Rama Judicial), al considerar que se causó un daño por la privación injusta de la libertad. Las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora, alegando la excepción de indebida representación por pasiva y argumentando que la parte demandante no aportó prueba alguna que demuestre el daño ocasionado a los demandantes.

El 8 de mayo de 2012,  el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión, emitió sentencia condenatoria, la cual fue impugnada por ambas partes al considerar que no era acorde con las pretensiones solicitadas.

En segunda instancia, de acuerdo con lo solicitado por la firma Javier Villegas Posada Abogados en representación de los demandantes, el  8 de febrero de 2021 el Consejo de Estado profirió sentencia condenatoria contra de La Nación (Fiscalía general de la Nación y Rama Judicial). El consejero ponente, Martin Bermúdez Muñoz, argumentó para ello lo siguiente:

“La medida de aseguramiento que le fue impuesta al demandante Carlos Alberto Ospina González le causó un daño especial y grave que no estaba obligado a soportar porque supera las cargas públicas que se imponen de manera general a todos los ciudadanos y compromete la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

(…)” El daño causado por la privación de la libertad desde que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta que el demandante Ospina González fue dejado en libertad es imputable a la Rama Judicial debido a que el referido demandante estuvo privado de la libertad por cuenta de esta entidad durante esta etapa del proceso, en la cual el juez penal podía revocar, inclusive de oficio, la medida de aseguramiento”.

Con base en lo anterior, el alto tribunal condenó por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a emitir un comunicado en el que ofreciera disculpas al demandante, Carlos Alberto Ospina González, por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad.

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