CONDENAN A LA NACIÓN POR LA MUERTE DE UN SOLDADO EN SANTA MARTA

Con el fin de que cumpliera con el servicio militar obligatorio, el Ejército Nacional reclutó en Santa Marta al joven Daniel Francisco Castro Martínez, a quien posteriormente trasladó al Municipio de La Loma, Cesar, para realizar labores en el Batallón Especial Energético y Vial No. 2.

El 13 de enero 2014, hacia las 4:25 de la mañana, se escuchó un disparo. Al pasar revista de los soldados, no se encontró a Daniel Francisco en la trinchera donde le correspondía prestar la guardia, por lo que se ordenó su búsqueda inmediata. Minutos después, el soldado fue hallado sin vida con impacto de arma de fuego en su cabeza y circuló la versión de un supuesto suicidio.

De acuerdo con el informe pericial de necropsia, no es coherente que Daniel Francisco Castro Martínez se hubiese suicidado, puesto que las armas de dotación de los soldados regulares por lo general son fusiles galil 5.56, de un significativo tamaño y es casi imposible que el brazo de una persona alcance para propinarse por sí mismo un tiro en la cabeza.

Con base en estos elementos, la familia Castro decide demandar a la Nación (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional), con el fin de demostrar su responsabilidad en la infortunada muerte. Para tal fin otorgó poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, la cual considera que existió una negligencia o indebido tratamiento por parte de la dependencia militar, que resultó en la muerte del joven.

Por ello se interpuso una demanda de reparación directa al considerar que la Nación (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional), era administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, por la muerte del joven Daniel Francisco Castro Martínez, mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio. 

La entidad accionada pretendió exonerarse de responsabilidad argumentando la culpa exclusiva de la víctima y diciendo que el joven se suicidó. Pese a ello, el Tribunal Administrativo del Cesar, con ponencia del consejero Carlos Alfonso Guecha Medina, confirmó la providencia del Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar y profirió sentencia condenatoria contra de Nación, con los siguientes argumentos:

“Que si la persona ingresa a prestar su servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud físicas y mentales, debe retornar a su vida de civil, en las mismas condiciones en las que ingresó. 

En caso contrario, debe determinarse si los daños padecidos por quien prestó su servicio militar obligatorio tienen vínculo con la prestación del servicio, para a partir de ello establecer el régimen de responsabilidad imputable al Estado y si se configura en cada caso concreto una causal eximente de responsabilidad”.

(…)” que cuando un individuo es vinculado de manera obligatoria, incluso en contra de su voluntad, a las fuerzas militares, es el Estado quien asume frente a él, el deber de cuidado, al punto de hacerse responsable de los daños que en el ejercicio de dicha actividad se generen. Es así que en estos casos se acude a determinar si existió por parte del Estado omisión a su deber legal de custodia o de cuidado frente al recluta.”
Finalmente, condenó por perjuicios morales y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación por los daños causados a los demandantes, tal como lo solicitó la firma Javier Villegas Posada en nombre de la familia del joven fallecido.

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