CONDENAN AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL POR LA DESAPARICIÓN DE UN INTERNO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL

El  señor Alejo Arango del Río  era militante del exterminado partido político Unión Patriótica (UP) y se desempeñaba como administrador de una mina en el municipio de San Rafael. En febrero de 1998 fue detenido por miembros del Ejército Nacional, en virtud de una denuncia por supuestas extorsiones a dos ciudadanos, y fue llevado a la cárcel. Por razones de seguridad se encontraba tramitando su traslado a otro penal, pero en la noche del 4 de marzo un grupo de hombres armados ingresó a la cárcel del municipio y se lo llevó sin impedimento alguno. Desde entonces se desconoce su paradero.  

Por lo anterior, la familia Arango del Río decidió demandar a la Nación – Ministerio de Defensa -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)- y al municipio de San Rafael, con el fin de demostrar su responsabilidad en la desaparición del militante. La firma Javier Villegas Posada recibió el encargo de demostrar que se generó un hecho dañoso por parte de las entidades demandadas, al no garantizar la seguridad dentro del establecimiento carcelario.

Para ello, interpuso demanda de reparación directa en contra de la  Nación (Ministerio de Defensa -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)- y del municipio de San Rafael, por considerar  que fueron administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes. Consideró que se generó un hecho dañoso que configura una falla del servicio por protección, un perjuicio a la vida de relación y una alteración de las condiciones de existencia.

Las entidades accionadas se opusieron a todas las pretensiones formulando excepción de culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de la obligación y ausencia de nexo de causalidad, entre otros argumentos.

El 14 de marzo de 1998, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó al Ministerio de Defensa y al municipio de San Rafael por los daños causados, al considerar que se hallaba demostrado el daño por el incumpliendo a su deber de protección y seguridad del señor Arango. Sin embargo, no reconoció todos los perjuicios solicitados por los demandantes.

La firma Javier Villegas Posada apeló la decisión ante la inconformidad por los perjuicios no reconocidos por el juez de primera instancia. En sentencia del 21 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, modificó la decisión y, a través de la Concejera Ponente Martha Nubia Velázquez, señaló:

(…) “Por todo lo anterior, se concluye que el municipio de San Rafael fue negligente en la vigilancia y protección del privado de la libertad, pues era el responsable de su custodia y, si requería de asistencia para el servicio de seguridad del interno, tampoco solicitó el apoyo de otros organismos de seguridad”.

En conclusión, el Consejo de Estado accedió a las pretensiones propuestas por la firma Javier Villegas Posada y condenó al municipio de San Rafael a indemnizar por concepto de perjuicios morales, lucro cesante y daño a la salud a la familia Arango del Río, por la desaparición de su familiar del centro carcelario de esa población.

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