CONDENAN AL EJÉRCITO POR DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA

El 13 de junio de 1998, soldados del Ejército Nacional llegaron hasta el inmueble del señor Gabriel Jaime Ochoa, ubicado en la vereda Chaparral del municipio de Guarne. El objetivo era capturar o dar de baja a integrantes de diferentes organizaciones narcoterroristas que, según informaciones que tenían, estaban ocupando el inmueble.  

En el lugar se desencadenó un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de tres de los presuntos delincuentes. Además, cuando el señor Ochoa regresó al lugar, lo encontró destruido y saqueado. 

Por lo anterior, el  propietario del inmueble y su familia acordaron demandar a la Nación (Ministerio de Defensa- Ejército Nacional), con el fin de demostrar su responsabilidad por los daños causados. Para tal fin otorgaron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, la cual consideró que existió un daño especial. 

Con esa premisa se interpuso demanda de reparación directa  en contra de la Nación (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional), al considerar  que son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, en virtud de que los hechos constituyen un daño especial que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

Las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora y manifestaron que los ciudadanos deberían soportar los daños causados.

El 11 de mayo del 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación a pagar perjuicios morales. No obstante, la sentencia fue impugnada por ambas partes  y resuelta por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, el 14 de octubre de 2021. El Consejero Ponente, Nicolas Yepes Corrales, conceptuó lo siguiente:

“Es evidente que Gabriel Jaime Ochoa Giraldo fue sometido a un desequilibrio frente a las cargas públicas, puesto que el inmueble de su propiedad se vio gravemente afectado durante el enfrentamiento armado que tuvo lugar el 13 de febrero de 1998 entre miembros del Ejército Nacional y varias personas de un grupo insurgente”.
En ese sentido, el alto tribunal ordenó modificar la sentencia emitida en primera instancia  y ordenó indemnizar por perjuicios morales y materiales, además del daño emergente, tal como lo había solicitado  la firma Javier Villegas Posada Abogados, en nombre de la familia Ochoa Giraldo.

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