CONDENAN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

El señor Libardo Perilla Sanabria fungía como auxiliar de tesorería de la Empresa Electrificadora del Meta E.S.P, en la que se adelantaba una investigación de posible fraude efectuado por funcionarios de la misma entidad. El 14 de junio de 2000, el señor Perilla fue capturado por miembros del CTI acusado de concierto para delinquir,  peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El 6 de julio de 2000, la Fiscalía Diecinueve de Villavicencio decretó medida de aseguramiento en su contra y de detención preventiva en establecimiento carcelario, la misma que fue revocada  el 8 de octubre del mismo año.

El 28 de marzo de 2003 se emitió resolución de acusación y, en consecuencia, se ordenó la aprehensión del señor Perilla Sanabria, quien decidió ocultarse de la  justicia para evitar que sus familiares padecieran un dolor o sufrimiento por los hechos anteriormente mencionados. E 19 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Villavicencio lo condenó a 145 meses en prisión, al encontrarlo responsable de los delitos imputados- El  4 de junio de 2005 fue nuevamente capturado y el 28 de abril de 2006 le fue concedida la detención domiciliaria. Luego, el  23 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Villavicencio lo absolvió de los hechos punibles endilgados y ordenó su libertad, la que se hizo efectiva el 19 de noviembre de 2008.

Con el fin de demostrar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad del señor Libardo Perilla Sanabria, su familia decidió demandar a la Fiscalía General de la Nación. Para tal fin otorgó poder a la firma Javier Villegas Posada, cuyos abogados consideraron que la privación injusta de la libertad fue una situación que no estaba en el deber de soportar y que le ocasionó, tanto al señor Perilla como a su núcleo familiar, perjuicios materiales e inmateriales. Asimismo, a la víctima directa le fue vulnerado su derecho a la honra y al buen nombre.

Bajo este panorama se interpuso demanda de reparación directa  en contra de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, al considerar  que son administrativamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, toda vez que los hechos constituyen una falta o falla en el servicio y/o un daño especial y/o riesgo excepcional. Además, un daño a la vida y/o alteración a las condiciones de existencia

Por su parte, la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones planteadas por la parte actora y solicitó declarar la excepción de culpa de la víctima.

Mediante sentencia con fecha 15 de julio del 2014, el Tribunal Administrativo del Meta declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, la condenó a indemnizar por perjuicios morales, alteración de las condiciones de existencia y perjuicios materiales. La decisión fue impugnada por ambas partes  y resuelta mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, con fecha del 23 junio de 2021. El Consejero Ponente, Alexander Jojoa Bolaños,  adujo para ello lo siguiente:

“A juicio de la Sala, está demostrado que no se cumplieron con los requisitos legales exigidos para proferir medida de aseguramiento en contra del señor Libardo Perilla Sanabria, toda vez que no existió un indicio grave de responsabilidad en su contra, de conformidad al artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, circunstancia que hizo injusta la privación de la libertad, lo que constituye una falla del servicio.
En su decisión, el Consejo de Estado acogió la solicitud de la firma Javier Villegas Posada Abogados en representación de la familia Perilla Sanabria, ordenó modificar la sentencia emitida por el Tribunal del Meta y declaró patrimonial y administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los daños antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad del señor Libardo Perilla Sanabria. Asimismo, ordenó pagar indemnización por perjuicios morales, lucro cesante y a título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre y la dignidad humana.

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