CONDENAN A LA NACIÓN POR LA MUERTE DE UNA MUJER, DURANTE UNA INTERVENCIÓN POLICIAL

En el barrio Versalles del municipio de Magangué, el 6 de septiembre de 2014, agentes de la policía trataban de capturar al señor Roberto García Mulett, a quien acusaban de hurto. El hombre se resistió y los uniformados pidieron  refuerzos para adelantar el procedimiento, pero ante el grito de auxilio del señor García, familiares, vecinos y conocidos salieron a impedir su captura, por lo cual uno de los policías realizó varios disparos al aire. Luego, para evitar que el retenido huyera, el uniformado accionó nuevamente su arma de fuego e impactó en la humanidad de Estefany Inés Guzmán y César Alfonso García Correa, quienes se encontraban desarmados. Un agente y un familiar de la señora Estefany la trasladaron en una motocicleta al hospital, pero falleció en el trayecto. El señor García Correa se trasladó por sus propios medios al centro médico, donde fue atendido por la herida de una bala que se alojó en su columna, lo que le ha impedido desde entonces trabajar y desempeñar sus labores cotidianas.

A raíz de todo lo ocurrido, las familias afectadas acordaron demandar a la Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional), con el fin de demostrar su responsabilidad por la muerte y las lesiones causadas. Para ello otorgaron poder a la firma Javier Villegas Posada Abogados, la cual conceptuó que se produjo un daño por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Policía. 

Se interpuso entonces una demanda de reparación directa en contra de la Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional), al considerar que es administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, toda vez que los hechos constituyen un daño a título de falla de servicio. Las entidades demandadas se opusieron a todas las pretensiones planteadas por la parte actora.

Mediante sentencia del 17 de mayo de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena declaró administrativa y extracontractualmente responsables a los demandados por la muerte y las lesiones causadas y, en consecuencia, los condenó a pagar perjuicios morales, aduciendo para ello lo siguiente:

“Comoquiera que la demandada no probó la existencia de cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad que permite romper el nexo de causalidad entre el hecho imputado a la Administración y el daño sufrido por los actores, como se dijo, el Despacho declara la responsabilidad patrimonial de la demandada por la muerte de la señora Estefany Guzmán Vivanco y las lesiones del señor César Alfonso García Correa y liquidará los perjuicios materiales e inmateriales, según los extremos trazados en la demanda y los parámetros fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado”.
Esta sentencia, sin embargo, fue apelada por ambas partes. Le correspondió entonces al Tribunal Administrativo del Bolívar definir en segunda instancia. Este, en sentencia del 25 de octubre del 2019 a cargo del magistrado Moisés Rodríguez Pérez, confirmó lo estipulado por el Juzgado Sexto Administrativo, de acuerdo con la solicitud planteada por la firma Javier Villegas Posada Abogados, en representación de las familias afectadas.

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