MENOR VÍCTIMA DEL MALTRATO DE SUS PADRES

El 20 de junio de 2005, la Comisaría de Familia de Medellín recibió una denuncia anónima, según la cual un niño era maltratado por su madre. Los hechos se informaron al ICBF, que inició el procedimiento de protección a favor del menor mencionado y de su hermano de un mes de nacido, a quienes, como medida provisional, los envió a un hogar sustituto.

El ICBF reintegró los niños a su medio familiar el 10 de marzo de 2006. Señaló que la madre de los menores había asumido actitudes de cambio frente a la corrección de los menores y que el padre de los menores, quien al momento de la denuncia estaba en la cárcel, había recuperado su libertad y estaba apoyando a la madre.

El 14 de agosto de 2006 la Comisaría de Familia recibió una nueva denuncia anónima, según la cual el niño era maltratado por su madre y presentaba golpes en su cabeza. La Comisaría recuperó al menor, lo envió a un centro de emergencia del ICBF e informó de los hechos a esta entidad, que inició un nuevo procedimiento de protección.

Sin embargo, la entidad consideró que se trataba de una denuncia sin fundamento y reintegró el niño únicamente a su padre para que garantizara su protección y ordenó el seguimiento del caso. El ICBF no tuvo que cuenta que el padre convivía con la madre del menor. El 20 de julio de 2007 el niño ingresó a un centro médico con signos de desgarro anal y abuso sexual, y allí falleció el 12 de agosto de 2007.

Ante la gravedad de los hechos, allegadas al menor otorgaron poder a Javier Villegas Posada para demandar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la demanda se argumentó que la muerte fue resultado de la negligencia de las entidades, pues el Municipio conoció del maltrato a través de las Comisarías de Familia, pero no adoptó medidas para la protección del menor El ICBF no lo protegió de forma eficaz, lo reintegró al hogar sin que se hubiera superado el maltrato y sin ahondar en un estudio familiar, no adoptó medidas definitivas sino solo provisionales y no efectuó seguimiento ni acompañamiento de la familia.

Las dos entidades se opusieron a la demanda. El Municipio de Medellín indicó que las Comisarías cumplieron sus funciones, que menor no estaba bajo su custodia y que la responsabilidad recaía en los padres del menor, quienes fueron condenados penalmente por los hechos. El ICBF señaló que cumplió con sus funciones en relación con la protección del menor: en la primera ocasión lo reintegró a sus padres porque estos mostraron mejoría frente a su crianza y en la segunda ocasión no encontró una ‘red de apoyo familiar’ para reubicar al menor, y finalmente lo entregó a sus padres. 

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 6 de junio de 2013,  acogió la tesis de Javier Villegas Posada y condenó al ICBF a indemnizar a las demandantes porque incumplió su posición de garante frente al menor, porque no investigó a profundidad a los padres al momento de devolvérselo la primera vez y porque lo reintegró al padre en una segunda oportunidad de forma apresurada, sin contar con la evaluación social o psicológica de los padres. Además, hizo un seguimiento tardío del caso luego del segundo reintegro, y cerró la investigación por ‘imposibilidad de encontrar al menor’, sin intentar ubicarlo.

La decisión fue apelada por el ICBF,  cuyos defensores señalaron que el daño no fue causado por alguna actuación de la entidad y era imputable únicamente a los padres del menor; que sí le brindó al menor la atención y el cuidado que requería; que buscó una red de apoyo familiar para su reubicación, pero no fue posible encontrarla y que no se demostraron los lazos de afecto de las demandantes con el menor.El 14 de julio de 2023, en sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión del tribunal y declaró la responsabilidad del ICBF al estimar que si bien cuando el menor falleció no estaba bajo su custodia y cuidado directo, su actuación fue determinante en la causación del daño. “Los medios de prueba evidencian que existió un segundo procedimiento por denuncias de maltrato contra el menor fallecido y el ICBF no cumplió su deber de protección; consideró que se trataba de una denuncia sin fundamento, sin valorar las pruebas que acreditaban el maltrato; entregó el niño a su padre, pese a que convivía con la madre del menor; y no le hizo seguimiento al caso”, subrayó el alto tribunal.

 Radicación: 05001-23-31-000-2008-00470-01 (51236)

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