CONDENADA LA FISCALÍA POR DETENCIÓN IRREGULAR DE UN HOMBRE EN VILLAVICENCIO (META)

El 14 de junio de 2000, el señor Libardo Perilla Sanabria fue capturado por miembros del CTI, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El 6 de julio de ese año, la Fiscalía 19 de Villavicencio le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual fue revocada el 8 de octubre.

En marzo de 2003 se le dictó resolución de acusación y se ordenó su captura. No obstante, el procesado decidió ocultarse de la administración de justicia para evitar dolor a su familia.

El 19 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Villavicencio lo condenó a 145 meses de prisión por los delitos  de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público; el 4 de junio de 2005 fue nuevamente capturado y el 28 de abril de 2006, le fue concedido el beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, el 23 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Villavicencio lo absolvió de los delitos y ordenó su libertad, la cual se materializó el 19 de noviembre de 2008.

Perilla Sanabria y su familia otorgaron poder para demandar a la nación a Javier Villegas Posada, quien señaló que la privación de la libertad a la que estuvo sometido el señor Perilla fue una situación que no estaba en el deber de soportar y que le ocasionó, tanto a él como a su núcleo familiar, perjuicios materiales e inmateriales. Asimismo, a la víctima directa le fue vulnerado su derecho a la honra y al buen nombre. 

El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia el 15 de julio de 2014, mediante la cual declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, la condenó a indemnizar a Perilla y a su familia. 

Según la sentencia,  la privación de la libertad que soportó el señor Libardo Perilla Sanabria fue injusta, toda vez que la entidad demandada no logró desvirtuar su presunción de inocencia y, por lo tanto, no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga.

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, para la cual argumentó que sus actuaciones se desarrollaron conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, toda vez que contra el señor Libardo Perilla Sanabria existían serios indicios de responsabilidad penal que fundamentaban el decreto de una medida de aseguramiento y, por lo tanto, el procesado tenía la obligación de soportar la carga

En sentencia del 23 de julio de 2021, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta y condenó a la Fiscalía a indemnizar a Perilla Sanabria y sus familiares. “La Sala advierte que la consideración expuesta por el ente investigador no era suficiente para edificar un indicio de responsabilidad. Al respecto, se advierte que el desarrollo de las labores del aquí demandante como auxiliar de tesorería en la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. no lo incriminaba automáticamente en la comisión de un delito, es decir, la ejecución del ejercicio de sus funciones no estaba dirigido a demostrar la culpabilidad del procesado en los hechos delictivos.Se lee en la sentencia que “se observa que se refirieron unos hechos indicadores que no fueron probados dentro de la investigación penal, pues se afirmó que el sindicado formaba parte del grupo de trabajadores que participaron de los trámites irregulares en el registro de recaudos de usuarios del servicio público de energía y que era el encargado de iniciar el proceso de registro en el sistema. Sin embargo, ello correspondió a unas aseveraciones generales, sin que se especificaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran evidenciar que, en efecto, el señor Perilla Sanabria participó de la organización ilegítima que se formó al interior de la entidad y que ejecutaba la actividad descrita”.

RADICACIÓN: 500012331000201000581 01 (53.818)

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