ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE EL ESTADO Y VÍCTIMA DE SECUESTRO EN MEDELLÍN, CON INTERMEDIACIÓN DE LA CIDH

Carlos Alberto Betancourt Estrada fue secuestrado el 14 de noviembre de 1999, mientras atendía una celebración familiar en la finca de su propiedad ubicada en Medellín (Antioquía). Sus familiares denunciaron lo ocurrido ante la Fiscalía Delegada ante el GAULA Urbano N° 2 de Medellín, que 5 días más tarde ordenó la apertura de una investigación para identificar a los responsables.

El señor Betancourt fue liberado el 17 de febrero de 2000, pero el 3 de marzo siguiente solicitó protección para su familia ante diversas autoridades, debido a las amenazas y solicitudes extorsivas que recibieron tras su liberación. Como el Estado no lo protegió, él y su familia se vieron obligados a salir del país o al insilio (estar dentro del país de origen, pero forzado al silencio). 

El 18 de septiembre de 2000, en representación de la familia Betancourt, el abogado Javier Villegas Posada presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual adujo la responsabilidad internacional del Estado por el secuestro, la falta de garantías que causaron la salida del país y la ausencia de determinación de responsables por parte del sistema judicial colombiano.

La Comisión aprobó el informe de admisibilidad el 23 de octubre de 2010, pero no hubo acuerdo entre las partes y no se adelantó el procedimiento para llegar a una solución amistosa. En 2018, la CIDH produjo un informe de fondo en el cual concluyó que el Estado colombiano violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones consagradas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Arturo Betancourt Estrada y su familia.

El 29 de mayo de 2019, las partes suscribieron un acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo, en el cual ordenó al Estado adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción a las víctimas.

Seis años después del informe de fondo de la Comisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó el acuerdo entre el Estado y los peticionarios representados por Javier Villegas Posada, en cual el Estado se compromete a reparar al comerciante antioqueño y a su familia por los perjuicios inmateriales y materiales causados. 

Entre las decisiones del acuerdo se destacan la de continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe.

Asimismo, disponer las medidas de atención en salud mental necesarias para la rehabilitación de Carlos Arturo Betancourt Estrada y los miembros de su familia, de ser su voluntad y de manera concertada. Los perjuicios materiales serán determinados por un juez mediante incidente de regulación de perjuicios.

Radicación: 25000233600020240016000

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REPRESENTACIÓN JUDICIAL ANTE (JEP)

Procesos relacionados con el conflicto armado y la búsqueda de verdad, justicia y reparación dentro del marco de Jurisdicción Especial para la Paz

Reclamaciones ante compañías aseguradoras (SOAT, póliza de responsabilidad civil), demandas de responsabilidad civil…

DENUNCIAS Y REPRESENTACIONES

Ante el Sistema Interamericano Derechos Humanos (CIDH)

Errores judiciales: condenas y detenciones arbitrarias por parte de entidades estatales.

ACCIDENTES

Fallecimiento o lesiones causadas por: Mal estado de las vías, construcción de las mismas…

Fallecimiento o lesiones causados por: Accidentes con el cableado público, postes, …

Fallecimiento o lesiones casadas por: Falta derivada, a la atención médica asistencial, imprudencia o negligencia médica…

Errores judiciales: acciones realizadas por Autodefensas (A.U.C.) y agentes del Estado: desapariciones forzadas…

Efectuadas por las Fuerzas Armadas del estado (falsos positivos)

Privaciones injustas y arbitrarias de la libertad, entre otros.

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