CONDENADO EL EJÉRCITO POR EXILIO DE JUEZA QUE DENUNCIÓ EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN PUTUMAYO

La señora Luz Eneida Flórez Vélez*1 se vinculó a las fuerzas militares en junio de 1995. El último cargo que desempeñó fue el de Jueza de Instrucción Penal Militar en Mocoa (Putumayo) entre el 13 de enero de 2003 y el primero de marzo de 2005.

Mientras ejercía sus funciones, la jueza fue víctima de múltiples amenazas de uniformados investigados, entre ellos algunos de sus superiores. Estas intimidaciones fueron comunicadas a la entonces Ministra de Defensa, a través de un oficio del 27 de enero de 2003. Asimismo, en enero y febrero de 2005 denunció ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que recibía amenazas por parte de un militar investigado.

Debido a todas las amenazas recibidas, el 28 de enero de 2005 la señora Flórez Vélez solicitó el retiro del cargo de Jueza de Instrucción Penal Militar y, en compañía de su grupo familiar, se exilió forzadamente y solicitó el estatus de refugiada en la República Italiana, el cual se les reconoció a todos el 22 de septiembre de 2005.

La jueza y su familia apoderaron a Javier Villegas Posada para demandar a la Nación- Ejército Nacional, porque no brindó seguridad a la señora Flórez Vélez y a su familia, pese a que ésta puso en conocimiento las irregularidades y amenazas a las más altas autoridades del Ejército.

El Ejército se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando entre otras razones que el desplazamiento de la familia no le era imputable porque no estuvo en condiciones de evitar la situación que se presentó, que su renuncia al cargo fue motivada por razones personales y que no existió omisión porque no se acreditaron las amenazas ni la denuncia de las mismas.

El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda. En la sentencia de primera instancia sostuvo que no estaba probado el daño porque los demandantes no demostraron su condición de refugiados, pues presentaron un documento de constancia de estatus de refugiado que no podía ser valorado porque estaba en italiano, sin traducción oficial.

También adujo que la señora Flórez Vélez no le comunicó a la entidad demandada la existencia de las amenazas ni solicitó protección, que  remitió un oficio a la ministra de Defensa por la persecución que miembros del Ejército efectuaron contra ella y su familia, pero no solicitó ningún tipo de protección y la denuncia se enmarcaba en conductas de acoso laboral. 

Finalmente, que formuló denuncia penal por amenazas contra  un sargento del Ejército investigado por ella, pero esta no se puso en conocimiento del Ejército que, además, no tuvo conocimiento de que los demandantes requerían una protección especial. 

En nombre de la Jueza y su familia, Javier Villegas Posada solicitó la revocatoria de la decisión del Tribunal. En su exposición, señaló que el análisis conjunto de los medios de prueba demostraba el exilio de la familia y las amenazas de que fue objeto Luz Eneida Flórez Vélez. “El exilio fue ocasionado por actuaciones de los miembros de las fuerzas militares, quienes hostigaron a Luz Eneida Flórez Vélez por haberse opuesto a la política estatal que promovía ejecuciones extrajudiciales”, Señaló el abogado.

Agregó que las amenazas provinieron de los superiores de la señora Cárdenas Gómez, por lo que ‘carecía de lógica’ exigirle a la víctima que les comunicara las amenazas a ellos. El Ejército no investigó las amenazas de las que era objeto la víctima, ni las detuvo. La referida omisión generó que la demandante tuviera que recurrir a otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación.

En sentencia de segunda instancia del 26 de enero de 2022, el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal de Nariño y condenó al Ejército a indemnizar a la señora Flórez Vélez y a su familia, por la omisión de esa entidad al no brindarles la protección requerida, lo que condujo a su exilio forzado.

“Está demostrado el daño, esto es, que el grupo familiar demandante abandonó el país motivado por las amenazas que recaían sobre la señora Flórez Vélez. Adicionalmente, el daño es imputable al Ejército Nacional porque fue determinado por la omisión de seguridad a la demandante, quien, en calidad de Jueza de Instrucción Penal Militar, sí le comunicó las amenazas de las que era objeto”, se lee en la sentencia.

Radicación:52001-23-31-000-2007-00060-02 (49824)

  1. *Nombre cambiado por seguridad ↩︎
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