CONDENA AL DAGRD POR MUERTE EN UN DESLIZAMIENTO EN LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

El primero de noviembre de 2010, el señor Oscar Alberto Osso falleció en medio de un alud de tierra que lo sepultó en su residencia, ubicada en el barrio Nuevos Conquistadores, El Salado, de la Comuna 13 de Medellín.

En noviembre de 2006, funcionarios del Simpad que habían visitado el lugar fueron informados por la propietaria del inmueble sobre el manejo inadecuado de la tierra y la afectación a la estabilidad de la misma. Desde aquel momento se dejó constancia de una recomendación temporal de evacuación.

El 27 de mayo de 2008, por petición del señor Osso debido a las altas precipitaciones, aguas de escorrentía y carencia de obras de captación y manejo de aguas, el SIMPAD (Desde 2013 DAGRD) realizó una segunda visita, en la cual se detectó que la vivienda tenía flujos de lodo por humedad del suelo, la cual estaba asociada a la alta pendiente y a la escorrentía. Pese a que las condiciones daban lugar al monitoreo e inspección por la entidad, no hubo acciones tendientes a monitorear y controlar la situación de riesgo, así como tampoco hubo intervención de personal calificado.

La única ayuda fue la entrega de cemento, con el cual el señor Oscar Alberto Osso hizo un muro con la intención de retener la tierra, en caso de que se presentara algún deslizamiento. Sin embargo, este no tenía los elementos técnicos necesarios para cumplir una verdadera función de contención y protección. El 1 de noviembre de 2010, en un intento por mejorar el muro, el señor Osso fue sepultado por un alud de tierra y, aunque fue rescatado en regulares condiciones de salud y trasladado a la Unidad Intermedia de San Javier, falleció.

Los familiares del señor Osso otorgaron poder a Javier Villegas Posada para demandar al Simpad por falla en el servicio.  En primera instancia, mediante sentencia del 20 de enero de 2017, el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Medellín negó las súplicas de la demanda, argumentando que  no se demostró que la presunta omisión por parte del DAGRD hubiese sido causa del daño, toda vez que dentro de las funciones de dicha entidad no está la realización de obras de mitigación, ni brindar materiales ni dinero, por cuanto es la encargada de realizar las visitas con personal idóneo, cuando son informados de una eventualidad como la ocurrida. 

Agregó el juez que, según la visita del 27 de mayo de 2008, se catalogó el riesgo como medio y se le recomendó al señor Osso que si aparecían grietas y fisuras en el terreno y/o al interior o en la parte exterior de la vivienda, se debía realizar un monitoreo y solicitar una nueva inspección por parte de la entidad, solicitud que no se hizo.

Sin embargo, Javier Villegas Posada, apoderado de la parte demandante, apeló ante el Tribunal Administrativo de Antioquia aduciendo que desde el 2006 se sabía que la vivienda no contaba con las técnicas adecuadas de construcción, que se encontraba en alto riesgo debido a que estaba ubicada en una ladera y por el mal manejo de las aguas de escorrentía. Además, que de acuerdo con el perito, si en una zona ocurre un movimiento en masa, es muy probable que ocurra uno nuevo y que cuando se está en presencia de estas zonas es mejor no realizar obra civil, mucho menos movimientos de tierra, toda vez que esto podría desencadenar en un deslizamiento. Aun así, se permitió que el inmueble fuera habitado y se recomendó la ejecución de obras civiles en un inmueble sin tener licencia de construcción. 

Agregó que si bien el SIMPAD (DAGRD) no está en la obligación de realizar las obras que requería el inmueble, sí le correspondía asegurar que no se construyera en zonas de alto riesgo y verificar que las mismas cumplieran con las medidas de seguridad, pues dentro de las funciones de la entidad territorial se encuentra la de atención y prevención de desastres y regular el uso del suelo.

En sentencia de segunda instancia del 23 de marzo de 2023, el Tribunal señaló que las pruebas aportadas eran suficientes para demostrar la responsabilidad del DAGRD, dado que entre sus funciones “está la de asegurar que las personas no construyan en zonas de alto riesgo, regular el uso del suelo, la prevención y la atención de desastres en zonas de alto riesgo, que era deber de la entidad constatar que las recomendaciones impartidas fueran cumplidas, con la finalidad de evitar un nuevo deslizamiento, y que, de lo contrario, debía exigir el desalojo del inmueble por encontrarse en malas condiciones técnicas e inhabitable, por lo que estaba en manos de la administración evitar la muerte del señor Oscar Alberto, evidenciándose una falla del servicio”.

En ese sentido, acogió los argumentos de la parte demandante, revocó la sentencia del juzgado y condenó al DAGRD a indemnizar a la familia del señor Osso por los perjuicios morales.

Radicado: 05001-33-33-012-2013-00050-01

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