NUEVA CONDENA AL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) POR TRAGEDIA DE LA GABRIELA

El 5 de diciembre de 2010, en el sector Calle Vieja del barrio La Gabriela de Bello se celebraban múltiples primeras comuniones, lo cual congregó gran cantidad de personas. Hacia las 2:00 de la tarde, un alud de tierra sepultó 80 viviendas y causó la muerte a 82 personas, entre ellas dos menores que se encontraban de visita en casa de su abuelo y de sus primos. 

Ese día, los menores Juan José y Camilo Andrés Rojas Giraldo estaban en casa de su abuela y de sus primos y Pablo Andrés y Michael Steven Rojas Daza, cuando la vivienda en la que se encontraban fue sepultada por la avalancha. Los 4 fueron encontrados sin vida el 8 de diciembre.

La tragedia estaba anunciada. En enero de 2003, la Fiscalía abrió una investigación, por el peligro que se cernía sobre los habitantes de Calle Vieja. A distintas autoridades y dependencias del Municipio de Bello se había alertado sobre desprendimientos y grietas de material en el borde del talud desde noviembre de 2002. También Corantioquia había visitado la zona y en 2005 había alertado por un posible movimiento en masa hacia el sector de Calle Vieja, por la disposición indiscriminada y antitécnica de escombros y desechos.

Pese a ello, nunca se produjo la suspensión del relleno ni se adelantó vigilancia permanente al lugar. En abril de 2006, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres de Bello visitó el lugar y dictaminó la potencialidad del movimiento en masa y de la situación de riesgo para los habitantes del sector de Calle Vieja, ante la situación del relleno que operaba en forma irregular. Por el contrario, el predio comenzó a usarse como parqueadero y lavadero de carros de tráfico pesado, luego de realizar un movimiento de tierra para aplanar los escombros del lote, por permiso concedido por la Curaduría Segunda de Bello

Dos días después de la tragedia, el Informe Técnico del Municipio de Bello reveló que las causas estaban asociadas a las aguas subterráneas acumuladas por las lluvias, aguas infiltradas y derrames del lavadero de camiones que funcionaba en la parte alta del deslizamiento. Además, por la conformación del mismo con materiales sueltos por acumulación de tierra y escombros.

A raíz de lo anterior, los familiares de los menores fallecidos apoderaron a Javier Villegas Posada para demandar a la Nación, el Departamento y varias personas y entidades involucradas. Según la demanda, el daño era imputable a las entidades demandadas por omitir su deber de vigilancia y control sobre el terreno, por haber conocido antes de la tragedia el riesgo después de varias visitas técnicas de verificación. Como no se realizaron acciones concretas para evitar el deslizamiento, debían responder por los perjuicios causados a los demandantes, al existir relación de causalidad evidente entre el daño y la falla del servicio.

El Juzgado 25 Administrativo Oral de Medellín, en sentencia del 29 de junio de 2018,  accedió a las pretensiones de la demanda. Estimó que el daño por la muerte de los menores resultaba exclusivamente imputable al Municipio de Bello, a la sociedad Minera Peláez Hermanos y al propietario del lavadero

El ente territorial por no cumplir con sus deberes de prevención y mitigación del riesgo, control del uso del suelo. Además, por no atender las quejas sobre los riesgos ni adelantar acción alguna en relación con el lavadero y parqueadero de vehículos de carga que operaba en el lote que cedió, a pesar de no contar con los permisos, ni las adecuaciones requeridas para el efecto.

La sociedad minera por como propietaria del terreno por no haber adelantado las actuaciones necesarias para la recuperación del suelo y por permitir la ocupación del predio por terceros, quienes adelantaron acciones que no estaban autorizadas y para las que no se hicieron adecuaciones técnicas requeridas. 

El propietario del lavadero, cuanto era quien ocupaba ilegalmente el inmueble y lo explotaba como parqueadero y lavadero de vehículos de carga pesada, sin contar con los permisos y sin realizar las adecuaciones técnicas necesarias para el efecto. Por tanto, los condenó solidariamente a indemnizar a las familias de los menores.

Javier Villegas Posada apeló la decisión, inconforme por la falta de reconocimiento de perjuicios para algunos de los demandantes.  Las entidades demandadas apelaron para solicitar que se revocara totalmente el fallo del tribunal primera instancia. 

En sentencia de segunda instancia del 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la condena contra el municipio de Bello, la sociedad minera y el propietario del parqueadero. Sin embargo, atendió la petición del abogado Javier Villegas Posada y modificó la decisión para incluir en la indemnización por perjuicios morales a varios de los familiares de las víctimas que habían sido excluidos de la primera decisión.   

“En conclusión, colige la Sala que, contrario a lo resuelto en primera instancia, se acreditó la relación afectiva entre los demandantes que se hallan en el tercer y cuarto grado de consanguinidad respecto de los menores fallecidos, aspecto que exige la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado para que se abra paso el reconocimiento de los perjuicios morales en casos de muerte para los parientes que se ubican en dicho nivel de parentesco”, se lee en la sentencia.

RADICADO: 05001 33 33 025 2012 00441 02

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