CONDENA AL INPEC POR RECLUSO QUE MURIÓ QUEMADO EN UNA CELDA EN BUCARAMANGA

“La vulneración generalizada e indiscriminada a los derechos fundamentales de la población carcelaria, aunada a la prolongada omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para presérvalos, es una afrenta sistemática al estado de derecho y a la dignidad humana. Esta sentencia del Consejo de Estado desnuda la perversa y cruel realidad del sistema penitenciario en Colombia”.

Javier Villegas Posada

El 7 de enero de 2011, se presentó un incendio en la celda 4 de la Unidad de Medida Especial -UME- del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga, En La celda se encontraban los señores Harbey González, José María Flórez Duarte y Wilson Hernando Bolaños Ávila, quienes resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado en el 99 por ciento de su cuerpo, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander, donde fallecieron en el transcurso de las 24 horas siguientes.

El señor Harbey González había sido condenado a 24 meses de prisión, como autor del delito de fabricación, tráfico y porte de armas. El 15 siguiente ingresó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga. El 6 de enero de 2011, fue trasladado, junto con otros reclusos, a la Unidad de Medida Especial -UME- del mismo establecimiento penitenciario, por considerar que no podía convivir en ninguna de las comunidades, correspondiéndole compartir la celda con los internos José María Flórez Duarte y Wilson Hernando Bolaños Ávila.

Los familiares del señor González decidieron demandar al Inpec por lo ocurrido, para lo cual entregaron poder a Javier Villegas Posada, quien consideró que a pesar de que la muerte de los reclusos constituya una responsabilidad objetiva, en virtud de que estos se hallan bajo custodia del Estado y los perjuicios que sufran son su responsabilidad, en este caso se presentó además una falla en el servicio que conllevó una gravísima violación de derechos humanos por parte de los guardianes del Inpec, quienes infringieron tratos crueles, inhumanos y degradantes a los internos. 

El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al Inpec a indemnizar a los familiares del señor González. Explicó que el daño alegado en la demanda era imputable a la entidad a título de falla del servicio, por cuanto incumplió con las obligaciones de custodia y cuidado del interno Harbey González, pues se demostró que, para repeler el comportamiento de otro recluso, los guardias hicieron uso de gas pimienta y pipetas de gas lacrimógeno, que fueron lanzadas con truflay, dentro de las celdas, lo que causó chispas que encendieron las colchonetas de la celda en la que se encontraban los señores Harbey González, José María Flórez Duarte y Wilson Hernando Bolaños Ávila, quienes resultaron gravemente quemados, produciéndose su posterior deceso.

El Inpec interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, para lo cual alegó que el Tribunal no hizo referencia alguna al Informe de investigador de Campo, en el que se estableció que las marcas dejadas en la celda después del incendio, correspondían a “la incineración de las colchonetas que había dentro de la celda y las cuales fueron utilizadas por las tres (3) víctimas para quemar”. 

El 4 de febrero de 2022, en sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal que condenó al Inpec a indemnizar a la familia  del señor González. Explicó que la muerte del interno resulta atribuible a la entidad demandada bajo la configuración de una falla del servicio, por cuanto quedó demostrada la utilización de proyectiles de gas lacrimógeno al interior de un espacio reducido, sin que existiera la necesidad ni los guardias tuvieran la experticia requeridas para hacer uso de ese tipo de armamento.

Según la Sala,  “el Inpec incurrió en excesos totalmente reprochables en la restricción de derechos del señor Harbey González, cuya intervención no era necesaria para el cumplimiento de la pena que, como quedó acreditado, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes que desconocen la obligación del Estado de someter su poder punitivo al respeto del principio de dignidad humana, tal como lo ha determinado la Ley 65 de 1993 y ha sido señalado reiteradamente en la jurisprudencia constitucional”, circunstancias que causaron directamente el daño, el cual resulta jurídicamente imputable a esta entidad demandada, a título de falla en el servicio.
Como medida de no repetición, el alto Tribunal dispuso además que, en un plazo de dos meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- diseñara y divulgara en los centros de reclusión del país un documento de información y capacitación, sobre protocolos de uso de armas no letales dentro de centros penitenciarios, el cual deberá ser acorde con el respeto a la dignidad humana y con los derechos a la vida y a la salud de los internos.

Radicación número: 68001-23-33-000-2012-00096-01 (50209)

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