El 6 de julio de 2002, el señor Salvador Valle Posada, quien desde hacía más de 18 años se dedicaba a la labor de contratista de obras civiles, partió de la terminal del norte de Medellín con destino a una finca de su propiedad, ubicada en la vereda “La Cristalina” del municipio de San Carlos, Antioquia, conocida con el mismo nombre. Para la época de los hechos, la mencionada finca estaba bajo el cuidado y administración del señor Weimar Cardona y de la señora Claudia Salinas.
El 7 de julio de 2002, por la vereda “La Cristalina” se desplazaba un pelotón de soldados conformado por efectivos de las fuerzas militares pertenecientes al Batallón Juan del Corral de la IV Brigada, en cumplimiento de la llamada “Operación Normandía”. Al llegar a la finca del señor Salvador Valle Posada, sin razón alguna, abrieron fuego en contra de las personas que allí se encontraban, lo que le ocasionó la muerte al señor Valle Posada por heridas de armas de fuego.
Con el fin de demandar al Estado por la muerte del contratista, la familia Valle apoderó al abogado Javier Villegas Posada, quien indicó que existía responsabilidad del Estado por fallas en el servicio, toda vez que mediante prueba idónea, se logró acreditar que la muerte del señor Salvador Valle Posada se produjo en un combate simulado con el fin de presentarlo como subversivo dado de baja y mostrar resultados operacionales, cuando en realidad la víctima de la ejecución extrajudicial se dedicaba a las labores agrícolas en la finca de su propiedad, donde fue asesinado por los militares.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del 23 de julio de 2012, accedió a las pretensiones de la demanda, imputándole la responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Salvador Valle Posada. Lo anterior, dado que “los integrantes Ejército Nacional, perteneciente al Batallón Juan del Corral de la Brigada que llevaban a efecto la llamada operación Normandía dieron muerte al señor Salvador Valle Posada, en estado de indefensión y lo hicieron pasar como integrante de grupos al margen de la ley, pues al momento de su levantamiento, apareció misteriosamente utilizando uniforme militar, siendo una persona de bien que estaba dedicado a la construcción de obras civiles desde hace unos 18 años”.
El Consejo de Estado revisó la decisión y, en sentencia del 29 de octubre de 2018, aceptó lo planteado por Javier Villegas Posada a lo largo de todo el proceso, en el sentido de que se trató de una ejecución extrajudicial, entre otros argumentos porque, al momento de realizar el levantamiento del cadáver, el cuerpo sin vida del señor Valle Posada apareció con uniforme militar, a pesar de que estaba demostrado que se trataba de un hombre de bien dedicado a la construcción de obras civiles. Por ello, ratificó la condena al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares del señor Valle Posada.
Radicación número: 05001-23-31-000-2004-05066-01(46864)