El primero de septiembre de 2007, Jesús Antonio Flórez Vinasco estaba en una vereda del municipio de Apartadó, trabajando en unos sembrados de maíz junto con su tío Julio César Flórez. Estuvieron juntos hasta las tres de la tarde, cuando se despidieron y cada uno se dirigió a su casa. Sin embargo, Jesús Antonio Flórez Vinasco nunca llegó.
Al día siguiente, cuando sus familiares se disponían a buscarlo, escucharon en la radio que requerían su presencia en la morgue de Apartadó, para que lo reconocieran y reclamaran su cadáver. Una vez en la morgue, les informaron que miembros de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, llevaron el cuerpo y lo reportaron como muerto en combate.
Los familiares de la víctima indagaron por lo ocurrido en la zona donde vivían y en la vereda donde les indicaron que falleció, y pudieron establecer que el primero de septiembre, después de las 3:00 de la tarde, cuando se dirigía a su casa, el señor Flórez Vinasco fue interceptado por miembros del Ejército Nacional, quienes lo trasladaron hasta la vereda La Pedroza y allí fue ejecutado extrajudicialmente.
A raíz de lo sucedido, la familia Flórez Vinasco otorgó poder para demandar a la Nación al abogado Javier Villegas Posada, quien en su demanda sostuvo que se trató de una flagrante violación de los derechos humanos, toda vez que los miembros del Ejército Nacional asesinaron a la víctima mientras estaba en estado de indefensión toda vez que no iba armada y sin que mediara ningún enfrentamiento. Además, sometieron a los demandantes al escarnio público al hacer pasar a su familiar como un insurrecto muerto en combate.
El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Ejército a indemnizar a los demandantes por considerar que los militares incurrieron en una falla del servicio. Según la sala, las pruebas aportadas al proceso permitían concluir que Jesús Antonio Flórez Vinasco fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército, quienes lo presentaron fraudulentamente como guerrillero muerto en combate.
Se lee en la sentencia que el informe técnico de necropsia permitía deducir que la víctima estaba rodeada por los uniformados cuando estos le dispararon y lo golpearon en su rostro, situación que desvirtúa que hubo enfrentamiento. Las lesiones por contusión de la víctima son indicios de que los soldados tuvieron contacto directo con ella, lograron aproximarse para agredirlo y accionaron sus armas en su contra.
El ejército solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró que se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque, con su agresión a la tropa, el señor Flórez Vinasco participó de manera eficiente en la producción del daño. Reiteró que los testimonios de los militares que participaron en el operativo coinciden en decir que fueron atacados y que tuvieron que accionar sus armas en su defensa.
En decisión del 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado desestimó los argumentos del Ejército y confirmó la condena a la entidad. El alto tribunal explicó que las pruebas permitían inferir que “… la muerte de la víctima directa fue causada sin justificación alguna por agentes estatales vinculados a la entidad demandada (el Ejército Nacional), y su conducta le es imputable por haber sido desarrollada con ocasión de sus funciones. Finalmente, la sala de decisión acogió la tesis de Javier Villegas Posada y enfatizó que, contrario a lo alegado en la apelación del Ejército, no se probó que hubiera ocurrido un enfrentamiento armado ni que la víctima hubiera accionado un arma en contra de los militares. Concluyó que las pruebas del proceso permitían inferir que hubo alteración en la escena de los hechos.
Radicación: 050012331000200901497 01(53539)