Tres jóvenes antioqueños fueron secuestrados por paramilitares, vendidos al Ejército y luego asesinados y presentados como muertos en combate.
María Consuelo García llegó esa mañana a la sede del Museo Casa de la Memoria de Medellín con un único objetivo: hacerse escuchar y reclamar verdadera justicia. Después de tantas y tantas veces que la ignoraron mientras buscaba a su hijo, ya no estaba dispuesta a soportar más humillaciones, así fuera de un Ministro o un Comandante de las Fuerzas Militares.
En compañía de los familiares de Gustavo Adolfo Cardona Alzate y Carlos Mario Llano Sánchez, víctimas de falsos positivos junto a su hijo Darwin Andrés Sánchez García, tuvo la oportunidad de mirar a los ojos al Ministro de la Defensa Iván Velásquez y al Comandante de las Fuerza Militares, General Luis Emilio Cardozo. Lo hizo en la reunión privada realizada minutos antes de que los dos funcionarios encabezaran el acto en el que el Estado pidió perdón por 35 falsos positivos ocurridos en territorio antioqueño.
“Ayúdenos a resolver estas angustias que van a morir con nosotros”, les dijo a los dos funcionarios con mirada inquisidora esta mujer pacífica pero de armas tomar. Ambos, después de disimular una mirada de asombro entre sí, solo atinaron a dar una de esas respuestas diplomáticas que suenan a evasivas,
Sin embargo, lo mejor del repertorio de María Consuelo estaba guardado para el acto central, donde sería la primera en hablar a nombre de las familias de las víctimas. Subió al escenario de forma lenta y cancina, con todo su sufrimiento a cuestas pesándole, y empezó a soltar esas frases metafóricas con las que suele describir sus 26 años de sufrimiento.
“Hay arrugas que arrugan más y son las arrugas del alma”, comenzó diciendo con voz quebrada ante unas 300 personas exhibían las fotografías de sus familiares en el pecho de sus camisetas blancas y ocultaban sus recuerdos en el alma; algunas cabizbajas y con el ánimo quebrado y otras soltando las pocas lágrimas que aún les quedaban, pero todas reclamando por el trato despectivo que recibieron en instancias judiciales y pidiendo celeridad en las investigaciones sobre quienes no han sido hallados y verdadera justicia para los culpables. También la escucharon impávidos el Ministro, el Comandante del Ejército y un puñado de jóvenes militares con uniforme de gala y cara de yo no fui, que solo estaban allí para hacerles honores a los funcionarios. A María Consuelo, tan directa en su mirada como en sus comentarios, le bastaron diez minutos para hacer catarsis contando su historia de dolor.
LA DESAPARICIÓN
Darwin Andrés Sánchez García, Gustavo Adolfo Cardona Alzate y Carlos Mario Llano Sánchez viajaron de paseo de Medellín a Cartagena, el 25 de mayo de 1998. En sus mochilas, cada uno llevaba dos bermudas, tres camisetas y todos los sueños pendientes por cumplir. Darwin tenía 19 años, trabajaba en una papelería y se preparaba para estudiar Psicología; Carlos Mario era el menor y acababa de terminar el bachillerato e iba a estudiar Ingeniería de Sistemas. Gustavo Adolfo cursaba el cuarto semestre de esa misma carrera en la Universidad San Buenaventura.
Después de unas 12 horas en bus, llegaron a la heroica y se hospedaron en el hotel París. Durante todo el puente festivo, se bañaron en el mar, caminaron por las murallas y rumbearon como cualquier joven desprevenido en la ciudad más turística de Colombia. Su intención era regresar el lunes festivo y así se lo anunció Carlos Mario a su madre cuando la llamó por teléfono. Sin embargo, cuando iban a retornar se dieron cuenta de que les habían robado toda la plata que tenían para pagar la cuenta del hotel y para los pasajes de regreso a Medellín. Tuvieron que buscar a Jaime de Jesús Llano Cardona, tío de Gustavo Adolfo, para que les facilitara dinero con el cual pagaron la cuenta del hotel y retiraron sus pertenencias.
Sin más opciones, decidieron regresar a Medellín “echando dedo”, una práctica común entre jóvenes de la época que salían a las carreteras para que conductores de carros y camiones los llevaran gratis en los vehículos. Llegaron hasta un hostal en Caucasia llamado Residencias San Andresito, donde los dejaron resguardarse de un fuerte aguacero que caía esa noche. Según recuerda Jorge Eliecer Bedoya Torres, propietario del hostal, como no le era posible permitirles que durmieran en la sala, los jóvenes le dijeron que mejor seguían su camino. “Me dijeron que más bien se iban y salieron, no sé para dónde, ellos dijeron que iban para Medellín, que iban a ver como los arrastraban para irse», relata.
ENTRE DECEPCIONES, MENTIRAS Y VERDADES
Esa fue la última vez que vieron a los tres jóvenes. Sus familias se quedaron esperándolos por semanas, sin noticias de su paradero. Comenzaron entonces una búsqueda incansable, recorriendo los lugares por donde creían que habían pasado los muchachos. Caucasia, Tarazá, El Bagre… gastaron todos sus ahorros y algunas hasta empeñaron sus casas para recorrer el Bajo Cauca antioqueño en busca de los muchachos. Con el corazón en la mano y una constante agonía, acudieron a los medios de comunicación, visitaron hospitales, morgues y cárceles… sin resultados positivos.
Luego vinieron las denuncias y las decepciones de la justicia colombiana. Primero acudieron a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero solo les recibieron la demanda después de 72 horas; Luego fueron al Gaula, donde les demostraron que en Colombia es cierto aquello de las categorías de ciudadanos. “El fiscal Julio César Jaramillo de esa época, a quien pusimos denuncia, nos pegó la humillada más grande del mundo. Nos estaba recibiendo la demanda cuando de pronto secuestraron a Piedad Córdoba y nos hizo a un lado que porque ella era más importante”, recuerda indignada esta mujer de ojos tristes, piel ajada por el dolor y cabello pintado de rubio.
Lo único que lograron con su insistencia fue que los amenazaran. Javier Cardona, papá de Gustavo Adolfo, recibió una llamada en la que le dijeron que si no se quedaban quietos también corrían peligro. Sin embargo, obviamente, hicieron caso omiso y continuaron de forma incansable con la búsqueda de los jóvenes.
Tres meses después de la desaparición de los tres amigos, una supuesta luz de esperanza apareció en el camino. Un desertor del Ejército que se identificó como Antonio Ruiz Castillo, los llamó y quien les aseguró que había estado secuestrado por paramilitares junto a los jóvenes y que había logrado fugarse. Convenció a los padres de las víctimas con información pormenorizada que supuestamente había recibido de los muchachos cuando estuvieron juntos en cautiverio; logró incluso que le entregaran dinero para adelantar gestiones para su presunta liberación. No obstante, por las inconsistencias en sus relatos y otras actitudes sospechosas, los familiares sospechaban que el hombre solo pretendía sacar provecho tan penosa situación. Autorizada por el Gaula que se comprometió a vigilarlo, María Consuelo lo dejó entrar a su casa, pero un día golpeó a su madre, le robó y se escapó. Seis meses después, don Javier lo encontró en Caucasia y lo denunció ante la justicia. Estuvo tres años preso y durante ese tiempo habló del Batallón Rifles y del Capitán Rayo como los responsables de la desaparición de los jóvenes… pero la justicia no quiso escuchar.
Posteriormente recibieron otra llamada, esta vez de alguien que inicialmente se identificó como Milton Gaitán, pero luego señaló que su nombre real era Reinaldo Antonio Medina. El hombre les aseguró que Gustavo y Darwin, al igual que él, su hermana y su padre, habían sido bajados de un bus de servicio público y retenidos por miembros de grupos paramilitares cerca de Caucasia; que fueron entregados a los militares quienes los habían vestido de guerrilleros y luego simularon un combate en el que supuestamente murió además y de manera accidental, un soldado operador de radio de apellido Suarez. Asimismo, que Carios Mario había sido asesinado por un paramilitar llamado ‘Marcos’.
Pese a los engaños pasados, y aunque todas estas versiones los confundían, los familiares de los muchachos entregaron la información al Gaula con la esperanza de que avanzaran en las investigaciones. Pero nadie les ayudaba y los procesos se envejecían en la fiscalía. “Yo tenía mi corazón en la mano siempre, llena de miedo, de angustia, de horror por la poca colaboración que recibimos en esa época”, dice en tono airado María Consuelo.
LA CONFESIÓN: UN MILLÓN POR MUCHACHO
Doce años de incertidumbre, angustia y decepciones tuvieron que pasar para las autoridades dejaran de hacerse las de los oídos sordos. El 4 de mayo de 2009, un desmovilizado de los paramilitares, Jorge Enrique Córdoba, alias Sarmiento, confesó ante un fiscal de Justicia y Paz todos sus crímenes. En un encuentro con él, los familiares le mostraron las fotografías de los muchachos y de inmediato los reconoció. Les dijo que no los buscaran más porque habían sido retenidos en el municipio de Cáceres por los paramilitares, que los habían convertido en falsos positivos, un término hasta ese momento desconocido para ellos. Según el desmovilizado, a Darwin Andrés y a Gustavo Adolfo los habían sepultado en una fosa común de Zaragoza, Antioquia. A Carlos Mario lo habían asesinado una semana después y luego lo habían enviado para el cementerio de Tarazá. “Nosotros se los vendimos al capitán Rayo del batallón Los Rifles. Él se hizo cargo, se los llevó en una camioneta blanca”, reconoció sin pudor alguno alias Sarmiento.
María Consuelo no olvida ese día. Recuerda que temblaba del terror antes de hablar con el paramilitar y ardía de rabia y de dolor después de escucharlo. “El batallón mandó a los mercenarios militares en esa época a cazar a los muchachos, para presentarlos como trofeos, para pedir ascensos, para vacaciones, y ellos fueron de esas víctimas. ¿Sabe cuánto pagaron? ¿En cuánto los negociaron? Pues en esa época dijo que un millón por cada muchacho. Eso valieron las vidas de nuestros hijos”, revela con indignación.
Con el testimonio de alias Sarmiento y mucha determinación, María Consuelo García y Javier Cardona insistieron ante las autoridades hasta que por fin fue enviado al Bajo Cauca un grupo de investigadores judiciales. Efectivamente, los cuerpos de Darwin Andrés y Gustavo Adolfo fueron hallados en una fosa común en el municipio de Zaragoza. El de Carlos Mario fue encontrado en Tarazá; vestía uniforme de policía verde oliva y botas de caucho, tenía un tatuaje en el pie derecho en forma de escorpión y otro en el muslo izquierdo en forma de Batman. Las pruebas de ADN confirmaron las identidades. “Si no hubiera sido por nosotros, jamás hubiéramos encontrado a nuestros hijos, porque realmente cuando las fiscalías nos dieron la mano fue gracias a que nosotros llevábamos informaciones recogidas en la búsqueda”, dice adolorida María Consuelo.
ASQUEADA DE LA JUSTICIA
La verdad duele, mucho más cuando con ella se sepultan esperanzas. Tal vez por ello, en la Casa de la Memoria, María Consuelo les reclamó en tono airado al Comandante de las Fuerzas Militares y al Ministro de la Defensa por la muerte de los tres jóvenes. “De pronto su vida se les apagó porque la gran élite de los militares de aquélla época con su alma de mercenarios salieron en jauría a pescar, salieron a cazar y ellos fueron sus primeras víctimas probablemente”, les dijo temblorosa de rabia y con voz firme.
Muchos en el auditorio quisieron secundarla en su reclamo, pero no les alcanzaron las fuerzas. “Un hecho como estos nos dejó muertos de por vida”, balbuceó la mujer que ese día se convirtió en vocera del dolor de las 35 familias a las que aquella mañana les pedían perdón, 26 de ellas representadas por el abogado Javier Villegas Posada, quien alabó que el Estado reconociera su culpa en las gravísimas violaciones a los derechos humanos contra 35 antioqueños que murieron indefensos y fueron presentados como subversivos muertos en combate, pero subrayó que “se trata de crímenes de lesa humanidad amparados por el manto de la impunidad que les otorga a los autores de estos execrables asesinatos el acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Prueba de ello es que en 2016, César Efrén Rayo Oviedo, quien había ascendido de Capitán a Coronel y se desempeñaba como inspector delegado en la ciudad de Santa Marta, fue enviado a prisión por homicidio en persona protegida. Y aunque la noticia en su momento causó algo de alivio entre los familiares de los jóvenes asesinados, el oficial se acogió en 2019 a la JEP y quedó en libertad el 1 de marzo de 2021.
Por eso cuando el Ministro dijo: “vengo a pedir perdón en nombre del Estado colombiano”, nadie se inmutó en el auditorio; quizás porque sabían que no era una frase que saliera del corazón sino una simple expresión protocolaria obligada por una sentencia judicial. Todos esperaban algún anuncio de justicia verdadera, una garantía de que los asesinos pagarían por sus crímenes, pero no esas simples palabras diplomáticas y fútiles.
Pero la justicia sigue siendo esquiva porque ni los asesinos ni el Estado pagan. Los primeros gozan de libertad y el segundo sigue dilatando sus obligaciones. “Sorprende que se realice este acto de perdón y dignificación de las víctimas sin que el Estado haya cumplido con la obligación de reparar el daño indemnizando a sus familiares, lo que de por sí es revictimizante, ya que 17 de los 26 grupos que represento y que participan en este acto llevan hasta 6 años esperando su reparación económica. La impunidad y la falta de indemnización por el daño vulneran los derechos a la garantía de no repetición y a la reparación integral”, les dijo el abogado a los periodistas al concluir el acto.
Al margen de la demora en la reparación económica – quizás lo que menos les duele – la mayoría de los familiares de las víctimas de falsos positivos en Antioquia no cree en la Justicia Especial para la Paz y así lo proclamaron ese día; para ellos es símbolo de impunidad. “La JEP para mí es un sofisma de distracción, es una mentira disfrazada de verdad. Eso se creó para favorecer obviamente a los militares, ¿no? Esa fue la intención”, recalca María Consuelo, quien después de un cuarto de siglo magullando su dolor repite y repite una y otra vez: estoy asqueada de la injusticia de la justicia colombiana.